FA presenta 12 iniciativas para enfrentar la crisis sanitaria y económica

Los legisladores frenteamplistas expresaron en conferencia de prensa que los proyectos establecen en forma excepcional y transitoria medidas concretas para preservar derechos, sostener los servicios básicos esenciales, el acceso a insumos sanitarios y facilidades para cumplir obligaciones crediticias.

Asimismo, el FA presentó cinco minutas de comunicación dirigidas al Poder Ejecutivo.

Consideran que “gran parte de la población afectada no está comprendida en los beneficios que otorgó el gobierno”.

“Sabemos que sólo un 2,6% de las empresas consultadas por la Cámara de Comercio en la encuesta Impacto Económico del Covid-19” entiende que las medidas se ajustan a sus necesidades, indicó el FA.

Por tal motivo, la coalición de izquierda elaboró un programa de “acción concreto y viable”, con el objetivo de “habilitar los marcos normativos para el despliegue de un Estado presente y sensible a las necesidades de la ciudadanía en el marco de la emergencia sanitaria”, informó el Frente Amplio.

Proyectos de Ley

Trabajo y Relaciones Laborales

Se limitan los despidos en el contexto de la crisis sanitaria por 180 días. “En caso de incumplimiento, la indemnización por despido será el doble de lo normal y podrá acumularse con la que eventualmente en cada caso correspondiera por indemnización por despido especial, la misma protección rige para trabajadores con vínculo con el Estado”.

También se plantea la suspensión del cómputo de plazos para reintegro de la trabajadora luego de la licencia maternal, en casos donde se recomienda que la misma permanezca en su hogar más allá de su finalización. Rige aunque con pequeñas diferencias, tanto para trabajadoras públicas como privadas, como para uno de los padres y madres adoptantes.

Otra de las propuestas es la suspensión por 180 días de los términos de prescripción de los créditos laborales comprendidos en la Ley 18.091 de 7 de enero de 2007.

“Se trata de una medida necesaria dentro del marco de suspensión o afectación de actividades de organismos públicos relevantes como pueden ser el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial”, expresan los legisladores frenteamplistas.

Servicios Públicos Básicos: tarifas y cobertura.

El FA propone la suspensión de los cortes de suministro de servicios de agua, luz, telefonía e Internet a usuarios residenciales así como a los usuarios no residenciales.

Plantea la exoneración del pago de tales servicios a las familias beneficiarias de una serie de programas del MIDES.

Se incluye la habilitación de un “bono para todos los clientes de ANTEL” como forma de garantizar el acceso a servicios de Internet tanto en dispositivos móviles como en los hogares.

Tarjetas de Crédito

Por otro lado, el FA propone otorgar a los titulares de tarjetas de crédito que acrediten haber sido despedidos, enviados al seguro de desempleo o padecido una pérdida sustancial de sus ingresos, a partir del estado de emergencia nacional sanitaria, la facultad de acceder a un régimen de pago de las deudas referidas, hasta en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera en el mes de julio de 2020.

Dicho régimen no generará recargos, intereses, multas o penalidades de tipo alguno y que no se podrá modificar la calidad y antecedentes crediticios de quienes se amparen en la misma.

Vivienda

Se establece un plazo de moratoria de seis meses a partir del 1° de abril para los deudores de alquileres y se permite el pago de los alquileres en cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

También se solicita al Poder Ejecutivo que establezca un “subsidio económico que contemple la pérdida económica de los arrendadores cuya única o preeminente fuente de ingresos económicos provenga de los alquileres que dejará de percibir por el plazo de moratoria”.

Se atiende la situación de huéspedes de pensiones, “quienes son expulsados sin garantías procesales mediante procedimiento policial, suspendiendo los mismos”.

Se establece la “prohibición de realizar intimaciones e investigaciones penales por delito de usurpación contra sectores de la población con vulneración de derechos, hasta tanto no se brinde una solución provisoria de alojamiento por parte del Estado a las familias”.

Por otro lado, propone establecer “medidas para aliviar la situación de los deudores hipotecarios, con garantías para las familias, tanto de acreedores de instituciones públicas como privadas.

Expendio de medicamentos

También se plantea un proyecto de Ley por el cual se dispone, en forma excepcional, “la implementación de tres medidas concretas que faciliten a la población el acceso a los medicamentos, evitan la circulación de la población de riesgo de contraer COVID-19 y apoyen la medida de aislamiento en los hogares”.

Medidas sanitarias para evitar la propagación del virus

El FA propone, bajo determinadas garantías, “que las personas permanezcan en sus domicilios y residencias”.

Se plantea una “modificación en el delito de Violación de las disposiciones sanitarias a los efectos de evitar las dificultades de aplicación y las falencias que contenía la norma prevista originalmente por la ley 9.155 (que establecía un delito de peligro abstracto)”.

“Establece los insumos con los cuales deberán contar en forma obligatoria, en su lugar de trabajo, elementos de protección personal contra el COVID-19, tales como: guantes, alcohol en gel, máscaras, tapabocas, jabón y agua de libre disposición”.

Fijación de precios máximos en productos de higiene y de alimentación

El FA propone establecer una “lista la fijación de precios máximos de venta de los productos alimentarios que integran la canasta básica familiar, y del alcohol en gel, alcohol rectificado, mascarillas, tapabocas, guantes sanitarios, jabón de tocador de cualquier tipo, pañuelos descartables, hipoclorito de sodio y todo otro artículo sanitario que se estime coadyuvante a paliar la pandemia del COVID-19”.

Minutas de comunicación al Poder Ejecutivo

Por otro lado, el FA remitirá cinco minutas de comunicación dirigidas al Poder Ejecutivo.

Por un lado plantea “transferir el equivalente a un salario mínimo nacional para todas aquellas familias que acrediten no tener ingresos permanentes por un monto equivalente o menor a 10 BPC”. Es una transferencia provisoria por 120 días que incluye específicamente a los trabajadores de la cultura, quienes lo recibirán hasta un mes más del fin de la emergencia sanitaria.

Se propone la formación de Fondo de Derecho a la Alimentació, el cual “tendrá como fin facilitar el acceso a los alimentos a aquellos sectores que por su condición de vulneración  económica y/o social no puedan acceder a los mismos”.

Para ello se establece como fuente de financiamiento “los aportes provenientes de un impuesto a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas gaseosas”.

En cuanto a la situación actual de la educación pública y propuestas educativas se sugiere que el proceso de retorno a la actividad presencial “sea gradual, respaldado por la tecnología y la mirada pedagógica adecuada a las circunstancias especiales que provocó la emergencia sanitaria nacional”.

Asimismo, propone la gratuidad test COVID-19 y la vacuna contra la gripe estacional.

Se exhorta al Poder Ejecutivo a considerar la aplicación de licencias obligatorias sobre de los derechos de patente a fin de garantizar la importación, fabricación y demás formas de acceso y abastecimiento de medicinas, vacunas, dispositivos de diagnóstico, equipamiento médico y otros insumos indispensables para afrontar la pandemia del Coronavirus (COVID-19), en forma suficiente y en condiciones y precios adecuados y razonables.