PANDEMIA

Institución de DDHH exhorta a adoptar medidas urgentes para personas en situación de encierro

Ante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID - 19, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), actuando como Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura, exhorta al Gobierno a adoptar medidas urgentes en relación a las personas en situación de encierro (en cárceles, hogares de ancianos para niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidades, personas con sufrimientos mentales graves internadas en instituciones asilares, o con consumos problemáticos de drogas).

INDDHH

Este jueves 26 de marzo, el Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura emitió una declaración, a través de la cual manifiesta que las personas que viven en condiciones de encierro tienen mayor riesgo frente al coronavirus dadas las dificultades en su calidad de vida, acceso a la salud y situación de dependencia de sus cuidadores y autoridades responsables.

“Se trata de personas privadas de su libertad en cárceles y también de ancianos en hogares colectivos, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidades, personas con sufrimientos mentales graves internadas en instituciones asilares, o con consumos problemáticos de drogas”, detalla la INDDHH.

En tal sentido, la institución expresa que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, siendo la prestación de los servicios de salud a personas privadas de libertad su obligación, “por lo cual deben gozar de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad, y acceder gratuitamente a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica, discapacidad mental”.

El Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura “ha acercado pautas y sugerencias concretas referidas a la gestión de los riesgos frente a la pandemia en contextos de privación de libertad”.

Medidas urgentes

Recomienda a las autoridades nacionales y los órganos con competencia la adopción de “medidas urgentes”.

Exhorta a “asegurar que las estrategias y acciones que se llevan adelante para la prevención, detección y contención del COVID-19 tengan un enfoque de salud basado en los derechos humanos, rigiéndose, entre otros, por los principios de no discriminación, accesibilidad, calidad y rendición de cuentas”.

“Considerar no sólo los aspectos estrictamente sanitarios, sino las derivaciones psicosociales en las personas institucionalizadas y sus familias, prestándose también atención a las consecuencias psicológicas de la pandemia, en el personal que trabaja en estas instituciones”, recomienda la INDDHH.

Asimismo plantea “identificar y minimizar los riesgos de violencia institucional e interpersonal que puedan generarse en estas circunstancias, realizando intervenciones oportunas ante conflictos posibles”.

A la vez, se debe “observar que toda medida que desde la emergencia limite los derechos individuales y las libertades fundamentales debe ser necesaria, proporcionada, no discriminatoria y compatible con la Constitución de la República y las normas de derechos humanos».

Teniendo en cuenta que los mayores déficit de estructuras edilicias, alimenticias, de atención sanitaria y de gestión se visualizan en el sistema carcelario, el Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura entiende del caso “tener presente la excepcionalidad de la privación de la libertad conforme a la gravedad del delito cometido”.

Es por ello que “sería conveniente que la administración de justicia evitara, en lo posible, el encierro de aquellas personas que puedan acceder a medidas no privativas de libertad y espacios de convivencia con base comunitaria, haciendo hincapié en las personas que se encuentran en la población de riesgo (por la edad, enfermedades inmune depresoras).

Asimismo, el Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura procura que las autoridades responsables de los sistemas monitoreados “informen sobre el número de personas que se encuentren con factores de riesgo asociados a la infección por coronavirus, y sobre los protocolos de contingencia y las medidas especiales adoptadas frente a esta emergencia”.

A la vez, acompaña las recomendaciones emitidas por el Comisionado parlamentario para el sistema carcelario, instando a las autoridades de Gobierno a proporcionar los recursos económicos y humanos para hacerlas viables.

El Mecanismo Nacional Prevención de la Tortura y la INDDHH reafirman su “compromiso con el respeto de los derechos humanos de todas las personas y con las acciones tendientes a asegurar su ejercicio”.

Por otro lado, en el informe se indica que los lugares de privación de libertad son espacios donde las personas dependen de las autoridades y del personal afectado al servicio para garantizar sus derechos a la seguridad, la alimentación y la salud e higiene.

Los problemas estructurales que presentan muchos de estos lugares y las dificultades específicas que afectan a las poblaciones que experimentan el encierro institucional, constituyen factores que acrecientan los riesgos de una pandemia.

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