Gobierno electo analiza cambiar integración de la Junta de Transparencia y Ética

Días pasados la JUTEP emitió dos pronunciamientos polémicos, uno sobre el intendente de Colonia, Carlos Moreira (Partido Nacional), referido a que tanto él, como la edila nacionalista María José García violaron los principios de “interés público, legalidad e imparcialidad” por el caso de las pasantías; y el otro se refiere al intendente de Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional), quien “violó los principios de probidad, legalidad, transparencia y varias normas que rigen las contrataciones por parte de las intendencias departamentales”.

En dicho marco, en las últimas horas trascendió que el Gobierno electo analiza la posibilidad de modificar la actual integración de la JUTEP.

El organismo de está integrado por: Ricardo Gil Iribarne (presidente), Daniel Borrelli Uberti (vicepresidente) y Matilde Rodríguez Piñeyrúa (Vocal).

Según informó El Observador, las autoridades del gobierno electo tienen la intención de solicitar la destitución de algunos miembros de la JUTEP.

Mal mensaje

Este lunes Gil Iribarne expresó a radio Carve que que el gobierno electo puede disponer lo que entienda correcto sobre el funcionamiento de la JUTEP o de cualquier otro organismo de control, tomando en cuenta las medidas para ajustar la normativa.

Manifestó que no tiene ningún problema de entregar el cargo. “Si el gobierno electo entiende que se tiene que cambiar las autoridades basta con pedir los cargos, que por mi lado no hay ningún inconveniente. Pero creo que en Uruguay cambiar las autoridades de la JUTEP es un mal mensaje para la ciudadanía, porque va en contra de lo que hemos tratado de transmitir”.

Remarcó que el organismo “no está al servicio ni del gobierno ni de los partidos y que en caso de cambiar los cargos también va contra la imagen internacional del país”.

Los actuales jerarcas de la JUTEP fueron designados por venia del Senado, cargos que están vigentes hasta febrero de 2022.

La JUTEP es el órgano autónomo encargado de propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la administración en la lucha contra la corrupción, recibir y custodiar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente a su presentación, difundir los principios de la ética pública y la normativa anticorrupción y atender los compromisos internacionales asumidos por el país en las convenciones y convenios vinculados a la materia.