Posible futura directora de Bomberos investigada por diversos hechos irregulares

Días pasados trascendió que Claudia Pérez sería designada por el próximo gobierno como directora nacional de Bomberos, en la actualidad es jefa de la Región III, que comprende a los departamentos de Colonia y Soriano.

Ante tal noticia, la Alianza de Bomberos del Uruguay recordó -a través de un comunicado que difundió en su perfil de Facebook-, que en agosto de 2019 presentó ante la oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior una denuncia contra Pérez por haber incurrido en “irregularidades con apariencia de hechos de corrupción”.

El gremio indica que “luego de tres meses sin que la denuncia avanzara” se presentó la misma acusación ante la Dirección Nacional de Bomberos.

“Inmediatamente la Dirección activó los protocolos internos y comenzó una investigación interna que continúa en curso y podrían surgir responsabilidades por su accionar”, se indica en el comunicado.

En la denuncia se expresa que la jerarca mantenía a su esposo, también funcionario de Bomberos, bajo su mando directo, “lo cual está expresamente prohibido”.

También se denuncia que haciendo uso “indebido de su jerarquía” dio la orden a todo el personal de la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia, que se encontraba a su cargo, a que se retiraran a sus domicilios, exceptuándolos de sus guardias durante 15 días, para poder vacacionar con su esposo e hijos en la estancia.

El sindicato de Bomberos denuncia que “dispusieron de un bote neumático del destacamento de la ciudad de Mercedes que estaba destinado al rescate o evacuación en tiempo de crecidas en la zona de Soriano, para llevarlo hacia Anchorena, donde ya hay un cuerpo de Prefectura con embarcación, por lo que no era necesario”.

“Lo trasladaron para recreación familiar, para pescar en la laguna de la estancia, perdiéndose la protección que la embarcación debía prestar a la ciudad de Mercedes”, se indica en la denuncia.

También se expresa que la mujer desconocía ante las autoridades de la estancia, la jerarquía del encargado del destacamento, prohibiéndole realizar todo tipo de trámites o contacto con el personal de la estancia, y nombró como nexo a su esposo, subalterno del encargado del destacamento.

A la vez, el sindicato denunció que Pérez “favoreció a su esposo en el nombramiento para cubrir servicios especiales en la planta de ANCAP de Juan Lacaze, servicios pagos para los bomberos que lo realizan, exceptuando dicho servicio al resto del personal, con el correspondiente beneficio económico familiar y la clara conjunción del interés público con el privado”.

Amenazas

Por otro lado, se denuncia que una vez iniciada la investigación por la Dirección Nacional de Bomberos, “la jerarca reunió a todo el personal de Anchorena, despojándolos de sus teléfonos celulares para que nadie grabara la reunión, y los amenazó diciendo que ella iba a ser la próxima directora y que les iba hacer la vida ‘a cuadritos’, presionándolos para que dijesen quiénes fueron los denunciantes e intimidándolos a que desistieran de declarar en su contra”.

El sindicato recuerda que en abril de 2006, cuando la denunciada se desempeñaba como jefa del del Destacamento de Solymar, también habría incurrido en un acto de corrupción que involucra a su esposo, quien entonces aún no era bombero.

En la denuncia se manifiesta que el hombre trabajaba en una estación de servicio que fue objeto de una inspección por parte de Pérez.

Los jerarcas de Bomberos habrían pedido 2.500 dólares a cambio de aplicar sanciones a la estación por tener un acopio de combustible irregular.

“La oficial Pérez en forma conjunta con otro oficial de Bomberos concurrieron un sábado en la mañana, uniformados y en un vehículo particular, a realizar la irregular inspección sin poner en conocimiento de ese hecho a ninguna autoridad de Bomberos, como corresponde realizar en todos los casos, en un área fuera de su jurisdicción de trabajo y donde estas inspecciones deben ser realizadas por el Departamento Técnico de Bomberos que existe para tal fin”, denunció el gremio.

Habrían dirigido la inspección directamente al acopio de combustible “con la clara información aportada por el esposo de la oficial Pérez, aunque inicialmente indicaron que la inspección era para determinar si se cumplía con la habilitación correspondiente de Bomberos”.

“La oficial Pérez, en ese mismo momento hizo claras amenazas de clausura a la estación de servicio en forma recurrente y posteriormente se llevó a cabo la propuesta de la suma antes expresada para solucionar la situación”, indicó el sindicato.

Por tal motivo, Pérez y el otro oficial fueron sancionados por 15 días por atentar contra el decoro de la imagen de la institución. Sin embargo, el hecho no fue elevado a la Justicia.

Eliminar la corrupción

A raíz de los hechos, la Alianza de Bomberos manifiesta que se encuentra comprometida con sus afiliados y está abocado a eliminar la corrupción de la institución.

“No podemos permitir que personas con estas claras denuncias actuales y graves antecedentes puedan ser siquiera consideradas para quedar al frente de una institución prestigiosa al servicio de la sociedad”.