Debate sobre desmonopolización de combustibles termina en denuncias sobre privilegios

Da Silva dijo que se debe realizar una reforma estructural para “terminar con el monopolio de producción de combustibles por parte de ANCAP y permitir la importación”.

Argumentó que ello sería “beneficioso”, porque Uruguay tendría una “válvula de escape para permitir que, en algunas circunstancias, el país no se paralice con medidas gremiales y, por otro lado, pueda aprovechar las bajas del petróleo lo que permitiría que el productor no tenga que pagar los platos rotos”.

“ANCAP se fundió, todos los uruguayos tuvimos que capitalizarla en 800.000 dólares y el sindicato hizo la vista gorda o fue cómplice”, cuestionó el legislador blanco.

Añadió que como resultado de la “baja sustantiva del precio del crudo desde 2009, el mundo en su conjunto tuvo una ventaja competitiva bajando los combustibles, mientras que los uruguayos tuvimos que pagar el pato de Raúl Sendic y el Frente Amplio”.

A su turno, Gerardo Rodríguez respondió que “la importancia de la soberanía de las empresas públicas y el rol de ANCAP, en una actividad estratégica como los combustibles, no es de ahora, tiene casi 100 años”.

“El herrerismo, históricamente, estuvo en contra de tener un ente autónomo que garantizara o minimizara la dependencia del país”, dijo el dirigente sindical.

Agregó que en la actualidad, en la región existe un “déficit de refinación de petróleo y depender de los productos derivados es profundizar la dependencia”.

“ANCAP importa un millón de barriles de crudo cada 20 días y eso es la cantidad mínima para acceder a un precio razonable en el mercado internacional. El precio del combustible es una decisión política, no responde al costo de producción”, remarcó.

Agregó que el ente “importa el crudo con los precios internacionales y luego le asigna un valor a la nafta, gasoil o supergas e incluye dentro de esos valores los diferentes subsidios que son políticas públicas orientadas hacia el segmento de la población que quiere favorecer”.

En tal sentido, destacó cuatro subsidios. Dijo que uno de ellos es al supergas que se vende 22% menos que el precio internacional, para favorecer a los hogares de menores ingresos.

En cuanto al precio del gasoil, explicó que incluye el fideicomiso del boleto para favorecer a miles de uruguayos que toman el ómnibus todos los días para que paguen un boleto más barato.

Otro de los subsidios es a los fletes para garantizar que el combustible llegue a todos los rincones del país y al mismo precio, y el subsidio a los biocombustibles, referido al rol social de ANCAP.

Importar: ¿Sí o no?

Más adelante en el debate, Da Silva cuestionó que debido al “desfalco de ANCAP para con el pueblo uruguayo hay una diferencia sustantiva entre el precio de paridad de importación establecido por URSEA y lo que saldría el litro de combustible en el surtidor”.

Por otro lado, ejemplificó con la desmonopolización de los seguros de automóviles. “Pasaron 30 años y hoy todos tenemos la opción de elegir entre una empresa privada y el Banco de Seguros del Estado. No hubo pérdida de soberanía, la empresa salió de su zona de confort, los funcionarios comenzaron a sentir un poco más la camiseta y todos los uruguayos tienen seguros más baratos”.

Manifestó que en ciertas ocasiones “ANCAP en lugar de tener un rol social, es un yunque en la espalda de la gente”.

En tal sentido, agregó que “cuando una empresa tiene una pérdida sustantiva, todos lo sufren. Cuando el pueblo tuvo que capitalizar a ANCAP, los únicos que no tuvieron pérdidas sustantivas fueron los funcionarios de la empresa estatal, porque se mantuvieron los incrementos salariales como si nada hubiese pasado”.

Ante ello, Gerardo Rodríguez respondió en el 2005 ANCAP “llegó de rodillas”, porque blancos y colorados en los 90 hicieron todo lo posible para privatizar a la empresa, pero no lo lograron por una gran reserva moral del pueblo uruguayo, que siente como propias las empresas públicas”.

Aunque remarcó que “sí hubo un proceso de desinversión por parte de los gobiernos blancos y colorados que buscaban entregar a ANCAP a capitales multinacionales”.

Por ello había que poner a ANCAP “de pie” con inversiones, las cuales requerían un desembolso económico que el gobierno del Frente Amplio decidió a través de la compra de petróleo a Venezuela.

“Se realizó la inversión más grande del país en la planta desulfurizadora, lo que mejoró la calidad de los combustibles y del aire que respiramos. Pero también inversiones en biocombustibles y en el Portland, las que no se culminaron como, por ejemplo, la instalación del horno para cambiar los costos de producción del cemento”, indicó el dirigente sindical de FANCAP.

Dijo que no es real que por importar combustibles bajarán los precios, porque en la actualidad “el precio de paridad de importación (valor referencia) se encuentra levemente por debajo del precio de venta”.

Agregó que a la hora de realizar la ecuación económica hay que comparar la canasta de productos derivados del petróleo.

Privilegios

Un momento de tensión en el debate se produjo cuando Da Silva cuestionó que “en la planilla de ANCAP los sueldos de privilegios y la inmovilidad, son contrapuestos al resto de los trabajadores privados, y la defensa del monopolio obedece a la defensa de esos privilegios”.

Rodríguez manifestó su asombro por la “superficialidad con la que Da Silva aborda el tema”, y dijo que él piensa que “va a ir a la frontera a traer un camioncito con gasoil y con eso abastecer al Uruguay”.

Rechazó que se compare a ANCAP con el mercado de seguros porque el ente de los combustibles importa la cantidad mínima de crudo para poder ser competitivo. “Si tuviera que competir con una multinacional, se transformaría el monopolio público en privado, porque hay lugar para uno solo”.

Rodríguez manifestó que en los últimos cinco años el gasoil aumentó “50 centésimos”. Agregó que “Da Silva es un conocido productor rural que se queja del costo de dicho combustibles, cuando el IPC aumentó 55% y el tipo de cambio incrementó 63%, mientras tanto, los amigos del senador, los autoconvocados, ponen el grito en el cielo”.

“El costo de producción bajó. Quieren ganar competitividad, pero no bajando las tarifas, porque ya bajaron, sino explotando a los trabajadores”, sentenció el gremialista.

Ante ello, Da Silva denunció que en el año 2018  “Rodríguez pidió 1.700 horas de licencia gremial (200 días libres) y se la pagó todo el país”. Cuestionó que “la población uruguaya no tiene ese privilegio”.

Dijo que Rodríguez “integra el Comité Central del Partido Socialista, y por ello está haciendo política partidaria”.

“El pueblo uruguayo está cansado de los privilegios de señores como usted”, sentenció el legislador blanco.

Rodríguez respondió que la comisión gremial es un derecho conquistado por los trabajadores en el gobierno progresista.

Dijo que existen plantas logísticas de ANCAP en casi todo el país, que le dedica 12 horas a la actividad sindical y además trabaja, porque no quiere perder contacto con la realidad.

Aseguró que “defiende hasta la muerte” la independencia de acción en FANCAP. “Defendemos los intereses de los trabajadores y le hemos realizado paros al actual gobierno”.

Rechazó los cuestionamientos de Da Silva de que en ANCAP haya existido “corrupción” y que el sindicato no denunció. Aseguro que existió “una fuerte inversión en la desulfurizadora, en las plantes de biodiesel, en el portland, en  Bella Unión y Paysandu, a través de la herramienta de compra de petróleo», y dijo que “los 800 millones de dólares están en esas inversiones”.