NO A LA REFORMA

Advierten que la reforma constitucional que propone Larrañaga generará más inseguridad

“No poner la papeleta en octubre es votar por más seguridad, es evitar una reforma peligrosa que nos deja a todos más expuestos y con menos garantías”, expresó la articulación “No a la reforma”.

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Este martes 23 de julio, la articulación “No a la reforma” planteó sus argumentos en contra del plebiscito para reformar la Constitución de la República, que impulsa Jorge Larrañaga.

El mensaje fue emitido en cadena nacional de radio y televisión por parte de comunicadores, representantes de colectivos, de organizaciones sociales y de los referentes: Juan Ceretta, abogado y docente de la Facultar de Derecho de la UDELAR, y Andrea Tuana, militante por los derechos humanos.

Si bien reconocen que existe una “pandemia de inseguridad” y un crecimiento real del “crimen” en nuestro país, de todos modos advierten que la reforma, que se plebiscitará junto a las elecciones nacionales de octubre, en caso de aprobarse “generaría aún más inseguridad”.

“No poner la papeleta es votar por más seguridad, es evitar una reforma peligrosa que nos deja a todos más expuestos y con menos garantías”, afirman.

indican que la campaña “Vivir sin miedo» propone una conjunto de medias que probaron ser “ineficientes tanto en Uruguay como en la región”.

Remarcan que en Uruguay “hace más de 25 años que se endurecen las penas, se reducen libertades y se aumenta el presupuesto público y privado en seguridad, y aún así la inseguridad no ha dejado de crecer”.

Rechazan “militarizar la seguridad pública a través de la creación de una Guardia Nacional con miles de militares en las calles”.

El abogado Ceretta asegura que “la formación militar no capacita para trabajar en seguridad pública, pues no está destinada a trabajar con civiles”.

Advierte que “la actividad de militares en seguridad pública nunca es aconsejable”, e indica que cuando ello ha ocurrido, las consecuencias han sido “nefastas, con vulneración de los derechos de todos, pero especialmente de los más pobres”.

En Brasil, entre 2017 y 2018, la intervención solo en Río de Janeiro provocó un aumento de 61% en los tiroteos y de 35% en los asesinatos por parte de fuerzas militares. Solo en los primeros cuatro meses de 2019 hubo 600 personas asesinadas por parte de las fuerzas de seguridad, detallan.

Asimismo indican que en México, “la seguridad también se descontroló desde 2006, a partir de esta misma medida que ahora se propone en Uruguay”.

En tal sentido, manifiestan que la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos sostiene la necesidad de “separar claramente las funciones de la policía y de los militares en seguridad pública”.

“La militarización no es el camino, es querer apagar el incendio con nafta. Y no son prejuicios ideológicos, son hechos reales y comprobados en nuestro país y en muchos otros”, aseguran.

Uruguay ya dijo: No

Por otro lado, rechazan la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos, porque la “inviolabilidad del hogar data de la primera Constitución, de 1830”.

A la vez, recuerdan que la dictadura militar intentó habilitar los allanamientos nocturnos y en 1980 el pueblo uruguayo dijo: “No”.

En ese marco Andrea Tuana, expresó que los allanamientos significan una “extrema violencia, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes, tratándose de una experiencia traumática de alto impacto que somete a niveles de angustia y miedo”.

Aseguran que la mediad ya existe, porque se puede realizar con una orden de un juez, pero es una medida “inútil contra la venta de los puntos de droga, porque al día siguiente reabren en otro lugar”.

También consideran que los sindicatos de la policía se oponen a esta iniciativa “por falta de garantías”.

Asimismo rechazan la medida de crear la prisión perpetua revisable para delitos graves y eliminar los beneficios liberatorios por buenas conductas o estudio.

“Endurecer las penas no disminuye los delitos”, afirman y proponen  “mejorar las cárceles que deben ser pequeñas, vivibles, controlables y espacios comunitarios”.

También plantean que deben existir posibilidades reales de trabajo y estudio para la reinserción social.

“Endurecer las penas, someter a las personas a años de reclusión, profundiza los daños, aumenta la desesperanza y somete a las personas a espirales de violencia y exclusión”, aseguran.

Por ello consideran que las cárceles “deben dejar de ser instrumentos de sufrimiento y fábricas de delincuentes”, y que las personas que cometieron delitos “tengan oportunidades reales de reintegrarse a la sociedad, porque en la actualidad la mitad de las personas que duermen en las calles son ex presos”.

Proponen seguir los ejemplos de Finlandia o Suecia, “con prisiones modelos, programas de estudio y trabajo que han disminuido el crimen”.

Asimismo proponen promover “la atención a las víctimas del delito, atacar la desigualdad y demás causas de la delincuencia y fomentar políticas integrales de prevención, lo que el proyecto ignora”.

Indican que es necesario generar oportunidades, nuevos sentidos de ser y estar en una sociedad basada en los derechos humanos”.

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