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Uruguay adhiere al protocolo de UNASUR para casos de ruptura democrática

El Ejecutivo promulgó la Ley que aprueba un protocolo de UNASUR referido al “compromiso con la democracia”. Su aplicación será en caso de rupturas del orden democrático o constitucional que represente riesgos para el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los principios democráticos de alguno de los Estados partes.

 Su aplicación será en caso de rupturas del orden democrático o constitucional que represente riesgos para el legítimo ejercicio del poder.

De esta manera Uruguay adhiere al protocolo de UNASUR referido al “compromiso con la democracia”.  Lo podrán aplicar los presidentes o cancilleres de los países miembros del bloque.

El protocolo entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno instrumento de ratificación y formará parte del tratado suscrito por todos los Estados integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2010.

Suspensión de derechos

Será aplicable en caso de: “ruptura, amenaza de ruptura del orden democrático, violación del orden constitucional o de cualquier situación que implique riesgos para el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

En caso de que ello suceda en algún país que integra la UNASUR, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de gobierno o, en su defecto, el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores se reunirá en sesión extraordinaria convocada por la Presidencia pro témpore, de oficio, a solicitud del Estado afectado o a petición de otro miembro de UNASUR.

Las medidas que podrían aplicarse, según lo establece el protocolo, son: “la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos e instancias de la UNASUR, de los derechos y beneficios previstos en la unión, y el cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión o limitación de todo tipo de comercio, provisión de energía, servicios y suministros”.

También se podrá promover la “suspensión del Estado en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales, promover ante terceros países o bloques regionales la suspensión de derechos o beneficios del Estado afectado, y adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales”.

También se realizarán “gestiones diplomáticas necesarias para promover el restablecimiento de la democracia en el país afectado”.

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