Pionero en el mundo

Son 15 medidas, pero la «bomba» que trasciende a Uruguay es que el Estado tendrá el monopolio del cultivo y venta de marihuana

Bonomi, Olesker y Huidobro

El proyecto fue presentado en el marco de 15 medidas propuestas por el gobierno del presidente José Mujica para combatir el incremento de la inseguridad.

Esas medidas incluyen el agravamiento de las penas para los casos de corrupción policial y tráfico de pasta base de cocaína, incremento de las penas a menores que delinquen y planes para aumentar la eficiencia policial, entre otras.

«Pensamos que la prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma», dijo en conferencia de prensa el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro.

Actualmente hay en el Parlamento tres proyectos de ley de legisladores de distintos partidos para legalizar el autocultivo de cannabis, pero el gobierno desestimó esta opción «para no afectar a los países vecinos ni ser acusados de ser una especie de centro de fabricación y distribución internacional de drogas», dijo el ministro.

Fernández Huidobro estimó que el mercado interno de marihuana representa actualmente un negocio ilegal de unos 75 millones de dólares anuales.

«Por eso nos inclinamos más al control estricto del Estado de la distribución, (y) producción de esta droga», explicó.

«La nuestra no es una idea original, peregrina, es una idea que se viene debatiendo» en el mundo, dijo Fernández Huidobro, anunciando que el país defenderá la legalización en los foros internacionales.

Política de bandera

«Va a ser política exterior del Uruguay la lucha por la legalización (de la marihuana) y la eliminación de la prohibición iniciada en el año 1971 por una errónea decisión del presidente (Richard) Nixon que ha provocado todo este desastre, declarando una guerra que ha sido ganada por los narcos», enfatizó.

En los últimos tiempos se han alzado voces en Latinoamérica pidiendo la legalización de las drogas como alternativa al combate frontal al narcotráfico que sólo en México ha dejado más de 70.000 muertes desde diciembre de 2006.

Los expresidentes brasileño Fernando Henrique Cardoso, colombiano César Gaviria y mexicano Ernesto Zedillo, han propuesto en diversos foros que los Estados regulen el consumo, mientras que el actual jefe de Estado guatemalteco, Otto Pérez, ha propuesto discutir la despenalización.

El principal obstáculo a tal apertura es Estados Unidos, gran patrocinador de la lucha antodrogas en la región, aunque en la última cumbre de las Américas, celebrada en abril en Cartagena de Indias, el presidente Barack Obama se mostró flexible al debate.

Obama consideró «totalmente apropiado discutir el tema». «No soy alguien que crea en la legalización, pero sí creo que necesitamos dar más pasos y ser más creativos», dijo.

Por lo que respecta a Uruguay, Fernández Huidobro hizo referencia al incremento de homicidios por ajustes de cuentas entre delincuentes, que consideró «un síntoma claro de la aparición de ciertos fenómenos que antes en Uruguay no existían».

Entre enero y mayo se registraron 133 homicidios en todo el país, lo que representa un incremento de 70% en relación a los 76 casos denunciados en el mismo periodo de 2011.

El 20% de los casos fueron por altercados espontáneos, el 16% por ajustes de cuenta, el 17% por rapiña o hurto, y el 14% vinculados a violencia doméstica.

En Uruguay, con 3,2 millones de habitantes, el 8,3% de la población consumió marihuana en el último año, lo cual representa unas 128.000 personas, según una encuesta de la Junta Nacional de Drogas difundida en mayo.

Aunque el consumo de pasta base de cocaína (1,1% de los encuestados) no ha aumentado esa droga es vinculada con el incremento de la violencia en los delitos.

«Queremos (…) tratar de pelear a brazo partido contra el tráfico y consumo de pasta base, que es una de las drogas menos consumidas pero tiene efectos inadmisibles, y además no es droga, se trata de un veneno», dijo Fernández Huidobro.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que la propuesta, al igual que otras que requerirán aprobación legislativa, será enviada «a la brevedad» al Parlamento.

Los medios uruguayos se apresuraron a recoger las «repercusiones» del anuncio gubernamental en el arco opositor, empezando por los líderes Larrañaga y Bordaberry, del Partido Nacional y el Colorado respectivamente.

Para Jorge Larrañaga, el paquete de medidas anunciado representa «mucho ruido y pocas nueces», mientras que Pedro Bordaberry, más comedido, propuso estudiarlas a fondo para de allí sacar conclusiones.

Las 15 medidas

a) Reparación a las víctimas de delito con la constitución de un Fondo Nacional de Indemnización a las víctimas de delitos violentos (pensiones u otras alternativas para familiares).

b) Agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base con aumento de la pena de un mínimo de 4 a 15 años de penitenciaría.

c) Modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a la normativa que rige para los menores infractores.

d) Eliminación de la tipificación de una serie de conductas como “faltas” y mantenimiento de aquellas con real incidencia en la inseguridad ciudadana, adecuándose los mecanismos procesales para su efectiva sanción por parte del Poder Judicial volviendo a crear los Juzgados de Faltas.

e) Abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno, generando una estrategia integral para actuar sobre las principales consecuencias del consumo de drogas en particular de la pasta base de cocaína.

f) Creación de dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo.

g) Legalización regulada y controlada de la marihuana, con un fuerte rol desde el Estado sobre la producción. Asimismo, se promoverá el tema en los foros internacionales, como forma de luchar contra el consumo y el narcotráfico.

h) Modificación del Decreto 488/88 que regula el horario de protección del menor para que incluya también a los informativos.

i) Promoción del diálogo con los medios de comunicación, sus trabajadores, universidades y la sociedad civil, para la adopción de formas de autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia.

j) Mejorar la eficacia y transparencia policial, a través de la instalación de un sistema de trabajo en las comisarías en base a gestión por resultados y control de indicadores; un nuevo sistema de patrullaje; adaptación al territorio del despliegue operativo de la Policía fundamentalmente en el Área Metropolitana; instalación de un Laboratorio Especializado para análisis de drogas que permitirá identificar sus componentes; instalación de un sistema de gestión de calidad en todos los sistemas de comunicación policial; fortalecimiento de sistemas y procedimientos permanentes de control de desbordes y corrupción policial.

k) Fortalecer el sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas del área metropolitana en dos niveles: el ámbito barrial; y los centros educativos.

l) Promover la participación y organización estudiantil en ámbitos estudiantiles, con dispositivos para capacitar e instalar la figura de los Jóvenes Mediadores.

m) Generar nuevas centralidades en algunos barrios del Área Metropolitana a través de plazas de convivencia con equipamientos que tendrán infraestructura deportiva, espacios para actividades culturales y equipamiento para actividades sociales y recreativas.

n) Crear un sistema de información especializado de denuncias de violencia doméstica que posibilitará captar mejor el problema de la violencia doméstica que en muchos casos quedan tipificados como otros delitos (lesiones, amenazas, violencia privada, etcétera.)

o) Mejora en la educación y el control del tránsito en todas las ciudades del país a través de la cooperación de la Policía Nacional Caminera colaborando con los gobiernos departamentales y las direcciones de tránsito en las intendencias.

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