El descenso al infierno

Tres días después del comienzo del otoño austral, hace 30 años, los argentinos amanecieron con la noticia de un nuevo golpe de Estado militar, nada nuevo para un país que vivió numerosas interrupciones institucionales a lo largo del siglo XX.

La opinión pública no se sorprendió por la asonada contra el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que había asumido a la muerte de su marido, el presidente Juan Domingo Perón. Pero nadie imaginó que desde ese día Argentina se convertiría en un «infierno» donde se pusieron en práctica inéditas formas represivas.

La desaparición de personas, la instalación de unos 500 centros clandestinos de detención, tormentos de toda clase, el secuestro de hijos de cautivos y los ‘vuelos de la muerte’, por los cuales los opositores eran arrojados vivos al mar desde aviones, formaron parte del arsenal represivo.

Unas 30.000 personas, tanto fueran obreros, intelectuales, estudiantes, políticos, religiosos, periodistas o incluso diplomáticos en funciones fueron desaparecidos por la maquinaria del terrorismo de Estado que montaron las fuerzas armadas para aniquilar cualquier vestigio opositor e imponer por primera vez una ortodoxa economía de mercado y de amplia apertura. Los llamados grupos de tareas que generalmente llegaban a las casas de noche a bordo de autos sin identificación no hicieron excepciones: familias enteras secuestradas, mayores de 55 años (al menos 150), niños, embarazadas y hasta discapacitados, además de apropiarse de todos los artículos de valor como botín de guerra.

El caso de Alejandra Fernández de Ravelo, ciega como su marido, fue uno de los tantos que motivaron la cita de Sábato.

La mujer testimonió que, inquieta por la falta de noticias de su hija fue hasta su casa y allí «había un camión del Ejército llevándose las últimas cosas que quedaban en la casa (…). Se llevaron todos los muebles, una máquina y un camión. También se robaron una perra guía, que usábamos como perro lazarillo».

La represión se ensañó además con ciudades o sectores enteros, como ocurrió en 1977 en el ingenio azucarero Ledesma, en la norteña provincia de Jujuy. En el núcleo urbano del centro azucarero, uno de los más grandes de América latina, un apagón anticipó una masiva redada en la que se llevaron a 400 personas, la mayoría obreros, de las cuales 30 siguen desaparecidas, incluido el alcalde de la ciudad, Luis Aredes. Muchos de los 1.900 desaparecidos judíos nunca imaginaron ellos atravesarían un calvario similar al que había escuchado a sus padres o abuelos sobrevivientes de los campos de concentración nazis, dijo. *