Aprueban en Argentina ley contra la ludopatía online: los libertarios y el PRO trataron de bloquearla
La derecha quiso evitar que se realizara la sesión en la Cámara de Diputados. La normativa tiene como fin frenar la crisis de ludopatía infantil y adolescente que aqueja al país.
El Congreso argentino ha avanzado hacia la sanción de un proyecto de ley destinado a regular la ludopatía online, logrando en Diputados una media sanción que prohíbe la publicidad de casas de apuestas virtuales. Esta iniciativa pretende abordar la creciente adicción al juego entre jóvenes y adolescentes, según lo expuesto por sus promotores, quienes argumentan que la publicidad juega un papel fundamental en esta problemática.
La norma, que ahora se dirige al Senado para su revisión, prohíbe la promoción de apuestas en todos los medios de comunicación, incluidas las plataformas digitales y las redes sociales. El proyecto ha generado un amplio debate, especialmente debido al interés de los grupos políticos que buscan mantener un enfoque más permisivo en relación con la publicidad del juego.
LLA y el PRO quisieron impedir la ley que frena la ludopatía infantil y adolescente
En la discusión, los diputados de la oposición señalaron que la postura del oficialismo para obstaculizar el quórum refleja un intento de proteger intereses particulares, argumentando que «en un tema como este eligen callar los que les da vergüenza defender los intereses de otros». La diputada Mónica Frade expresó preocupaciones sobre las implicaciones de esta postura, señalando que los lobbys de las casas de apuestas son un factor influyente en la actividad legislativa.
Mientras la oposición lograba reunir el número necesario para habilitar la sesión, la falta de presencia del PRO y La Libertad Avanza (LLA) mostró una clara disconformidad con el rumbo del proyecto. Este se aprobó con 139 votos a favor frente a 36 en contra, dejando claro el apoyo por parte de varios bloques opositores.
Perspectivas sobre el problema social
Durante los debates, el diputado Rogelio Iparraguirre enfatizó que la problemática de la ludopatía no solo afecta a jóvenes, sino que es cuestión de interés social. Sostuvo que el contexto socioeconómico actual ha propiciado la aparición de estas nuevas tecnologías que buscan captar usuarios, lo que plantea un desafío mayor para el Estado en términos de regulación y protección.
Además, destacó que la discusión sobre la ludopatía debe ser situada en un marco más amplio que considere a toda la sociedad, y no únicamente a los adolescentes. La complejidad de la adicción al juego implica un análisis integral de sus causas y consecuencias en el ámbito social y económico.
Algunos miembros del oficialismo expresaron su oposición a lo que consideran una intromisión del Estado en decisiones personales. Lilia Lemoine argumentó que el proyecto aprobado busca «que el Estado intervenga en las decisiones personales de los individuos». Su posición refleja una postura crítica hacia las medidas que buscan regular la interacción de los ciudadanos con la industria del juego.
El debate también se centra en la efectividad de establecer mecanismos de control, como el reconocimiento biométrico para la validación de la edad del usuario. Presentan esto como necesario, pero otros lo consideran excesivo y poco práctico, planteando dilemas sobre la implementación de tales regulaciones.
Diferencias en los proyectos presentados
Aunque las propuestas de los bloques oficialistas y opositores compartían varios puntos, presentaban diferencias significativas en sus visiones sobre la publicidad. La propuesta aprobada contempla una prohibición rigurosa que abarca todos los medios, en contraste con la propuesta del PRO que presenta términos más abiertos y menos restrictivos.
Así, el proyecto relativo a la «Ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar» establece restricciones claras en la promoción de juegos de azar en medios y plataformas, buscando una regulación amplia que afecte diversos ámbitos de la comunicación actual y futura.
Uno de los aspectos controversiales del proyecto es la prohibición de que las casas de apuestas patrocinen eventos deportivos, incluyendo camisetas de equipos como Boca y River. La actual vinculación de muchos clubes con plataformas de apuestas genera una tensión evidente entre el deporte y la regulación del juego, complicando el panorama para los clubes que dependen de estos ingresos.
Adicionalmente, la normativa propone regular la participación de influencers, quienes en ocasiones son criticados por promover apuestas ilegales. Esta inclusión busca cerrar un espacio por el cual se captan a nuevos jugadores, resaltando la atención hacia sus acciones y la necesidad de establecer estándares claros para su participación en la promoción de juegos de azar.
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