Myanmar: la dictadura militar agregó más años de cárcel a la líder Aung San Suu Kyi

La junta militar de Myanmar sentenció este viernes a la líder política Aung San Suu Kyi a tres años más de prisión por supuesto fraude electoral, en un proceso penal militar denunciado como juicio político por la comunidad internacional.

Con esta nueva pena, la líder y expresidenta del país ahora suma 20 años de condenas por diversos cargos, de los cuales ella se ha declarado totalmente inocente.

Suu Kyi, de 77 años, está bajo arresto desde que tuvo lugar el golpe de Estado el 1° de febrero a manos del líder golpista Min Aung Hlang, que condujo al Tatmadaw (las fuerzas armadas) a tomar todas las intituciones estatales.

Las autoridades militares acusan a los líderes depuestos de fraude por el supuesto hallazgo de 2.000 votos repetidos en los comicios de 2020. Estas acusaciones fueron la excusa de la dictadura para enjuiciar a la defensora de los derechos humanos y a otros, a pesar de que decenas de observadores internacionales confirmaron que la victoria había sido arrolladora y legítima.

Min Aung Hlang llegó a decir que hubo más de 10 millones de votos falsos o fraudulentos, cerca del 25% del padrón electoral, pero nunca han presentado pruebas a la opinión pública.

Las condenas

En diciembre pasado tuvo lugar la más reciente condena, antes de la dictaminada este viernes: se le habían impuesto cuatro años de prisión -rebajados a dos por un indulto militar parcial- bajo acusaciones de vulnerar leyes contra la pandemia e incitación contra las autoridades.

En enero se le realizó otro juicio y se le encontró culpable en la misma instancia marcial: fue condenada a cuatro años por supuestamente haberse saltado las medidas de propagación contra el COVID-19 y por importar ilegalmente radios de comunicación del tipo “walkie-talkie”.

En abril se le agregaron otros cinco años, tras haber sido acusada de recibir sobornos por US$600.000 y 11,4 kilos de oro de un exgobernador, quien testificó en su contra.

Por último, en agosto pasado se le añadieron otros seis años de cárcel por supuesto alquiler de terrenos por debajo del precio del mercado y por construir una vivienda con donaciones que estarían dedicadas a obras caritativas.

La ex consejera de Estado (puesto equivalente a la presidencia) además se enfrenta a un proceso por supuestamente vulnerar la ley de secretos oficiales, penada con un máximo de 14 años de prisión.