PERSECUCIÓN JUDICIAL

Grupo de Puebla expresa profunda preocupación por persecución judicial contra Cristina Fernández

El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) - Grupo de Puebla, manifestó su “profunda preocupación por la persecución judicial contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner”

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Este lunes 22 de agosto, el fiscal argentino Diego Luciani solicitó una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se la inhabilite a perpetuidad para ejercer cargos públicos, y se decomisen bienes de todos los acusados, al considerar que fue jefa de una trama de corrupción sistemática en el marco del otorgamiento de obra pública.

Por su parte, Cristina Fernández dijo que se encontraba ante un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.

En las últimas horas, el Grupo de Puebla, el foro político y académico integrado por representantes de izquierda latinoamericana, emitió una declaración a través de la cual expresa profunda preocupación por la persecución judicial contra Fernández.

El Grupo de Puebla recuerda que en el período comprendido entre 2015 y 2019 “fue procesada reiteradamente, llegando a tener más de una docena de procesamientos en su contra, en casi todos los casos impulsados por los mismos jueces, fiscales y otros miembros del Poder Judicial que tenían vínculo con el entonces presidente Mauricio Macri”.

Al mismo tiempo, existen pruebas de que el Poder Ejecutivo “diagramó operativos de vigilancia e inteligencia contra Cristina Fernández y sus allegados. Existen escuchas ilegales filtradas en múltiples programas de televisión, radio y periódicos”.

El Grupo de Puebla indica que la “causa Vialidad”, por la que este lunes 22 de agosto la Fiscalía pidió contra Cristina Fernández 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, “investiga supuestos direccionamientos de la obra pública desarrollada en Santa Cruz durante sus dos mandatos presidenciales (2007 – 2015)”.

El delito imputado a Fernández es el de “liderar una asociación ilícita, además de cometer el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.

En tal sentido, el Grupo de Puebla remarca que “a lo largo de las audiencias se ha ido demostrando que no hubo sobreprecios, que las obras se concluyeron o se desarrollaron en tiempo y forma de acuerdo a los patrones habituales, y que no hubo favoritismos a empresarios digitados por la expresidenta”.

Manipulación

Esta causa muestra “fuertes indicios de manipulación del caso judicial con fines políticos”, considera el foro.

“Un hecho contundente, es que el Juez Gustavo Hornos, integrante de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, visitó al entonces presidente Macri en la Casa Rosada, el 31 de octubre de 2017, dos días antes de dictar el procesamiento de Cristina Fernández en la causa”, se expresa en la resolución del Grupo de Puebla.

La causa continuó en 2020 y 2021 con la declaración de numerosos testigos. El lunes 1° de agosto de 2022 se inició la exposición del alegato de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, cuando fundamentaron su acusación contra Fernández hasta que realizaron el pedido de pena, “con la particularidad de que modificaron algunos términos de la acusación inicial en el juicio”.

Ello motivó a que Fernández solicitara ampliar su declaración indagatoria para el día 23 de agosto, lo cual fue rechazado por el Tribunal.

Con esa negativa, el juicio seguiría desde el 5 de septiembre con los alegatos de las defensas (en total son 13 defensas, la de Fernández sería la sexta Defensa; cada cual tiene tres días para exponer; hay audiencias tres días por semana; aunque resta confirmar la agenda en función de los días que solicite cada defensa).

Se estima que los alegatos de las defensas se extiendan unos tres meses. Tras los alegatos de las defensas, el Tribunal podrá dictar sentencia, que podría salir antes de fin de año.

“El año próximo (año de elecciones presidenciales en Argentina) llegará la apelación ante la Cámara Federal de Casación, y finalmente, la decisión de la Corte, cuando la sentencia será definitiva. Ni Casación, ni la Corte tienen plazos reglados para resolver, dejando margen al uso político de la causa en vísperas de elecciones presidenciales”, advierte el CLAJUD.

Judicialización de la política

El contexto es el de “una creciente judicialización de la política, correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial”, se considera en la declaración.

A la vez, se expresa que “la gravedad de la situación ya había sido alertada en un informe de la Relatoría Especial sobre independencia judicial de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, de 2019”.

“A este rol protagónico del aparato judicial en la política, se suma el protagonismo de medios de comunicación y redes sociales dedicados a la criminalización de Fernández, mediante la ‘espectacularización’ de las causas y la publicación de noticias falsas”, rechaza el foro internacional.

Desde CLAJUD realizan un llamamiento a la comunidad internacional y a los organismos regionales e internacionales de Derechos Humanos para “detener esta guerra por la vía judicial-mediática que no solo se vive en Argentina: la persecución contra Correa y el correísmo en Ecuador, el encarcelamiento de Lula da Silva en 2018 para impedirle llegar a elecciones, son ejemplos de la sistematicidad y permanencia del ‘lawfare’ en la región, con un alto impacto en la política y la justicia social”.

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