protestas y represión

Cuba enjuicia a otros 39 manifestantes del 11 de julio, uno de ellos menor de edad

El gobierno cubano ha tratado de dejar en claro que tendrá tolerancia cero a las manifestaciones contra el sistema comunista cubano o las proclamas democráticas.

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Desde este lunes, la Justicia cubana juzga a 39 personas, entre ellas un menor de edad, por ser partícipes de las masivas manifestaciones del pasado 11 de julio de 2021.

Es la tercera semana consecutiva en que los juzgados cubanos llevan adelante procesos contra las personas arrestadas en esos hechos: desde las protestas se han juzgado a por lo menos 407 personas, según el recuento de los colectivos de derechos humanos 11J y Cubalex.

Entre el lunes y el jueves están agendados cuatro juicios en as provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, por supuestos delitos como desórdenes públicos, sabotaje, atentado, desacato, ultraje sexual y sedición.

Denuncian falta de garantías

Las Fiscalía cubana pide entre 19 y 26 años de prisión contra estas personas, que organizaciones de derechos humanos y otros países han calificado de presos políticos, al tiempo que exigen su liberación. Ni autoridades judiciales cubanas ni los medios oficiales -que son todos los existentes en la isla- acostumbran a comunicar sobre los procesos judiciales, y en este caso no es la excepción: se han quedado en la sombra y la comunidad internacional se entera por medio de los colectivos civiles.

Las ONG han denunciado falta de garantías y de procesos justos y transparentes, al tiempo que señalan fabricación de pruebas y penas desproporcionadamente elevadas para los acusados.

Desde la Justicia aseguran que se cumplen “estrictamente” con las normativas internacionales de garantías judiciales, y rechazan que el trato a los procesados sean injustos.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, aseguró recientemente que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha seguido enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”.

 

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