Periodistas detenidos y equipos de noticias atacado mientras continúa el estado de emergencia en Kazajistán

 

El gobierno de Kazajistán reafirmó esta semana su control total en todo el país sobre las protestas antigubernamentales que ya se han cobrado decenas de vidas.

Periodistas locales informaron de continuas detenciones y hostigamiento de los trabajadores de los medios por parte de las autoridades, y al menos un corresponsal extranjero informó que las autoridades kazajas le negaron la entrada al país.

El 7 de enero, el presidente kazajo, Qasym-Zhomart Toqayev, acusó a los “llamados medios de comunicación ‘libres’” de facilitar e incitar a los disturbios en un discurso y prometió “responder con dureza” a los “actos de vandalismo legal”. El país permanece bajo un estado de emergencia, con mayores penas por delitos relacionados con los medios, como la difusión de información falsa.

 

Ese mismo día, un tribunal de la ciudad de Uralsk, en el noroccidente del país, condenó al periodista independiente Lukpan Akhmedyarov a 10 días de detención por cargos de participar en una manifestación ilegal, según informes de prensa y el abogado del periodista, Mereke Gabdualiev.

La organización internacional Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) pidió al gobierno kazajo liberar a Akhmedyarov y le instó a garantizar que los y las periodistas tengan libertad de trabajar sin represiones ni represalias.

Ataques a la prensa

“Las autoridades kazajas deben hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que los atroces ataques contra el personal de Almaty TV y las oficinas de cinco estaciones de televisión no queden impunes”, dijo Gulnoza Said, coordinador del programa de Europa y Asia Central del CPJ en Nueva York. “Al mismo tiempo, al CPJ le preocupa la continua detención de periodistas, incluido Lukpan Akhmedyarov, así como el bloqueo de sitios de noticias y el lenguaje denigrante que utiliza el presidente Toqayev en relación con la prensa. Una vez más, hacemos un llamado al gobierno de Kazajstán para garantizar que los periodistas tengan libertad para trabajar sin obstrucciones ni temor a represalias”.

 

El internet está cerrado a la ciudadanía desde el 5 de enero, solamente disponible de forma intermitente y con estrictos controles por parte de las autoridades para vigilar lo que suba y baje.