Tribunal cubano condenó a 10 años de cárcel a manifestante de las protestas de julio

 

La Justicia de Cuba condenó a 10 años de prisión a Roberto Pérez Fonseca, uno de los manifestantes arrestados por participar en las marchas antigubernamentales de julio pasado, en un juicio cuestionado por movimientos de derechos humanos.

El Tribunal Municipal Popular de la cuidad de San José de Lajas, una localidad a 35 kilómetros de la capital La Habana, impuso a Pérez Fonseca, de 38 años, “la sanción conjunta y única» de diez añoz de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir”, según la sentencia fechada el 6 de octubre y a la que tuvo acceso la agencia de prensa AFP. La familia fue notificada recién después de que fuera llevado a cabo el proceso.

La única prueba que tenía el tribunal y que entendió suficiente fue el testimonio del policía local Jorge Luis García Montero, quien declaró que Pérez Fonseca “incitaba al resto de las personas a formar grupos a lanzar piedras y botellas”.

El uniformado aseguró que el acusado le tiró una piedra que le golpeó la mano, sin causarle heridas, y lanzó otra contra un auto patrulla que “no presentó daños”. Estos fueron los hechos por los cuales se le propinaron 10 años de prisión.

Denuncia parcialidad

Laritza Diversent, directora de la ONG de derechos humanos Cubalex, con sede en Miami, denuncia que la sentencia es excesiva y que en el proceso no se garantizó la imparcialidad del tribunal.

En otro casos relacionados con las protestas de mediados de año contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, los fiscales estatales han pedido hasta 25 años de prisión, pero aún no se han llevado a cabo estos juicios.

Lo relevante en este caso, dice Diversent, es que las evidencias que presenta la Fiscalía «no fueron sometidas a contradicción (…) la víctima, que es el policía, es la única evidencia que hay para incriminarlo” y es “obligación de las autoridades probar el dicho, investigar”.

Para la defensora de los derechos humanos, las sentencias son el resultado de una suerte de “policía penal” que se instauró en la sombra para aplicar sanciones severas contra los y las disidentes.

Las masivas protestas iniciaron el 11 de julio de 2021 en medio de la pandemia del coronavirus y una escasez generalizada de medicamentos y alimentos. La crisis sanitaria global, que paró al mundo, es solamente otra de las capas de la situación cubana consecuencia del bloqueo económico de Estados Unidos a la isla que tiene más de siete décadas vigente.

El creciente acceso a internet y a dispositivos inteligentes en el país ha propiciado este tipo de manifestaciones, lo que llevó al gobierno a endurecer los controles y las penas, a fin de acallar las protestas.