Nueva ley migratoria chilena provoca masivas deportaciones y sanciones

La nueva política migratoria instaurada en Chile por el gobierno del conservador Sebastián Piñera ya está provocando que miles de extranjeros reciban órdenes de abandonar el país, especialmente aquellos que ingresaron de forma ilegal durante 2020 y 2021.

La nueva normativa, que está vigente desde el 20 de abril de este año, establece que solamente pueden regularizar su situación migratorias quienes hayan ingresado por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno de Piñera cerró las fronteras por primera vez por la pandemia del coronavirus.

Quienes hayan ingresado de forma irregular posterior a ese día deberán salir del país transandino en un plazo no mayor a 180 días, a fin de evitar sanciones. “No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes”, dijo el mandatario chileno cuando promulgó la ley hace poco más de un mes.

Según estadísticas públicas del gobierno chileno, entre 2018 y 2021 se constataron el 78% de los ingresos de inmigrantes ilegales desde 2020. Los extranjeros aumentaron de 305 mil en 2010 a casi 1 millón y medio en 2020, lo que equivale a un 7,5% de la población. Según los estudios, la mayor parte de los migrantes provienen de Venezuela y de Haití.

Quienes llegan a Chile buscando una vida mejor escapan de las duras realidades políticas y económicas de sus países, (y es por eso que llegan desde naciones como Venezuela y Haití), pero ahora se enfrentan a sanciones administrativas, lo que significa que ya no se necesita de una denuncia penal para que un extranjero que haya ingresado irregularmente sea expulsado.

El gobierno incluso ya contrató 15 aviones comerciales para devolver a sus países a unos 1.500 extranjeros a sus respectivos países en lo que resta del año. Uno ya despegó a fines de abril con 55 personas a bordo con destino a Caracas.