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Parlamento español legalizó la eutanasia y el suicidio asistido

“Hoy somos un país más humano, más justo y más libre”, celebró el presidente español Pedro Sánchez.

Foto con fines meramente ilustrativos: Pixabay
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El Parlamento de España aprobó este jueves 18 de marzo de forma definitiva una ley que despenaliza y regulariza la eutanasia y el suicidio asistido, un derecho que habían reclamado por décadas colectivos por derechos humanos, uniéndose a un pequeño grupo de países a nivel mundial que otorgan este derecho a personas que lo necesiten ejercer.

El proyecto de ley, promovido por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, entrará en vigor en 90 días desde su aprobación que ocurrió con 202 votos a favor contra 141 en contra y dos abstenciones.

A favor estuvieron los partidos de izquierda, de centro y regionalistas, y en contra los de derecha y extrema derecha. El partido ultradarechista Vox adelantó que lucharán para derogarla.

España se convierte en el sétimo país a nivel mundial en aprobar esta ley humanitaria, junto a

Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero faltando aún una legislación regulatoria que debe aprobar el Parlamento).

“Hoy somos un país más humano, más justo y más libre”, celebró el presidente español Pedro Sánchez.

¿Quiénes pueden acceder?

Al derecho de eutanasia y suicidio asistido en España podrán acceder aquellas personas estén atravesando por una «enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento crónico e imposibilitante», que deseen terminar voluntariamente con su vida para evitar «un sufrimiento intolerable».

El paciente debe tener nacionalidad española o residencia legal en el país, ser «capaz y consciente» de lo que está solicitando y formular un escrito «sin presión externa» una primera vez que debe repetir a los quince días para reconfirmar la decisión.

Para avanzar en su deseo, el individuo debe recibir el visto bueno de una Comisión de Evaluación pero, superado este paso, un médico puede rechazar que se practique el procedimiento si considera que no se cumplen los debidos requisitos. También se incluyó la objeción de conciencia para aquellos doctores que consideren que afecta sus creencias personales.

Todo el procedimiento será inclusivo al ser costeado por la Sanidad Pública nacional.

 

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