ELECCIONES PARLAMENTARIAS

La OEA rechaza las elecciones parlamentarias “fraudulentas” en Venezuela

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por 21 votos a favor, dos en contra, cinco abstenciones y seis ausentes, una resolución por la cual rechaza las elecciones parlamentarias “fraudulentas” celebradas en Venezuela el 6 de diciembre.

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El proyecto había sido presentado por Brasil y contó con el respaldo de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que está representada por un delegado de la oposición. Mientras que México votó en contra y Argentina se abstuvo.

En la resolución, la OEA expresa su “rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela”

Afirma, “con grave preocupación, que la conformación de una entidad no electa democráticamente profundiza el proceso de destrucción de la democracia y del estado de derecho en Venezuela, agravando el constante deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas, humanitarias, de derechos humanos y de seguridad en el país”.

Por otro lado, la OEA manifiesta “satisfacción con la iniciativa de la sociedad civil, con el respaldo de la Asamblea Nacional, de realizar una consulta popular a los fines de permitir a la ciudadanía expresarse respecto a las condiciones de la elección fraudulenta realizada el 6 de diciembre”.

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OEA no reconoce los resultados

En tal sentido, la OEA expresa que resuelve “rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional, por carecer de imparcialidad y transparencia, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, por no haber sido liberados los presos políticos, por la falta de independencia de la autoridad electoral, y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble”.

A la vez, condena en los más enérgicos términos, “la estrategia consistente y deliberada del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de socavar el sistema democrático y la separación de poderes, incluyendo a través de la instalación de una entidad no democráticamente electa resultante de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, consolidando a Venezuela como una dictadura”.

Hace un llamado urgente para que “se garantice la protección y seguridad física de los miembros de la Asamblea Nacional electos democráticamente y se permita el retorno seguro de aquellos miembros de la oposición que se encuentran en el exilio”; y también llama a “la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el cese de las continuas persecuciones políticas”.

La OEA manifiesta “solidaridad al pueblo venezolano y el firme apoyo a los persistentes y amplios esfuerzos de los actores democráticos en Venezuela, en particular los partidos políticos y la sociedad civil, hacia la restauración de la democracia en el país”.

Reitera el llamado a que “se convoquen, lo más pronto posible, a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes y legítimas, con observación electoral internacional independiente y creíble, como parte de un proceso de transición que conduzca al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente y de acuerdo con la voluntad del pueblo venezolano y con la constitución venezolana”.

Urge a todos los Estados miembros e invita a los Observadores Permanentes de la Organización de los Estados Americanos a “apoyar al pueblo venezolano en sus esfuerzos para restaurar el orden democrático en Venezuela, mediante la adopción de medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras dirigidas a lograr una solución pacífica a la situación en Venezuela”.

El Consejo Permanente de la OEA exige “el acceso pleno a la comunidad internacional para permitir la prestación de asistencia a las poblaciones más vulnerables afectadas por la crisis en Venezuela, de conformidad con los principios humanitarios reconocidos y el derecho internacional”.

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