Human Rights Watch: Rohingyas son “golpeados y asesinados” si intentan salir de campos de concentración
Un informe de la ONG de derechos humanos afirma que los miembros de la etnia musulmana viven en condiciones infrahumanas y son tratados de la peor forma.
Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) denunció violaciones a los derechos humanos de la etnia rohingya, una minoría musulmana asediada y agredida sistemáticamente por el gobierno de Myanmar. Sus condiciones, dice el documento, «son insostenibles» después de ocho años de persecución y encierro en campos de concentración.
Más de 130.000 rohingyas viven forzosamente en 24 campamentos en el estado de Rakhine, en la costa oeste del país asiático, ya que fueron obligados a abandonar sus pueblos y hogares en lo que ha sido catalogado como una campaña de limpieza étnica que inició en el año 2012.
HRW describe los campamentos como «prisiones abiertas» y los residentes son violentamente agredidos o incluso asesinados si tratan de escapar.
Los allí recluidos, dice el documento, enfrentan horribles condiciones de desnutrición, enfermedades transmitidas por agua contaminada, mortalidad infantil y materna y brutalidad por parte de los guardias.
El informe de 60 páginas se basa en 60 entrevistas realizadas a musulmanes rohingya y kaman, así como en 100 documentos gubernamentales de las Naciones Unidas y la misma HRW.
«Estos campamentos no son habitables para nosotros», dijo uno de los entrevistados. Otra persona, una mujer, aseveró que, a pesar de que el gobierno de Myanmar asegura querer cerrar los campos, las medidas que están tomando están diseñadas para provocar el desplazamiento definitivo de la etnia: «Creo que el sistema es permanente. Nada Cambiará. Solo son palabras».
Promesas de larga data
El gobierno de Myanmar, presidido por Aung San Suu Kyi, prometió iniciar el proceso de cierre de los campamentos en el año 2017. En 2019, adoptó la denominada «Estrategia nacional sobre el reasentamiento de personas desplazadas internamente (PDI) y el cierre de los campamentos de PDI».
Pero a pesar del discurso, las acciones no se han concretado y ya son más de 130.000 los encerrados en estos lugares. Estrictos toques de queda limitan la movilidad y se les niegan derechos humanos básicos como agua, alimentación, atención médica y sanitización.
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