Australia dará refugio a hongkoneses perseguidos por el gobierno chino

Australia ofrece a los residentes del territorio la oportunidad de "comenzar una nueva vida en otro lugar" y ofrece oportunidades para que las empresas también se reubiquen.

Teatro de la Ópera de Sidney, en la bahía de la ciudad. Foto: Pixabay
Teatro de la Ópera de Sidney, en la bahía de la ciudad. Foto: Pixabay

El gobierno australiano anunció la suspensión del tratado de extradición con Hong Kong ante la entrada en vigencia de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por China sobre el territorio semiautónomo. Al mismo tiempo, ofreció a los titulares de visas de distintos tipos la extensión automática por cinco años para que puedan permanecer sin tener que salir.

Estos movimientos diplomáticos son una respuesta a la imposición de China de una polémica ley de seguridad nacional que instala un nuevo y reforzado poder sobre los hongkoneses.

Se calcula que en Australia residen actualmente unas 10.000 personas de nacionalidad hongkonesa, y la extensión de visas alcanza a trabajadores y estudiantes.

Bienvenida y acogida

«Habrá ciudadanos de Hong Kong que podrían estar buscando mudarse a otro lugar, comenzar una nueva vida en otro país, llevar allí sus habilidades y sus negocios», dijo el primer ministro Scott Morrison, mientras anunciaba la abierta invitación a empresas de servicios financieros internacionales, consultoría y negocios con sede en Hong Kong a que se mudaran a territorio australiano en donde les ofrece seguridad económica y jurídica.

«Si hay empresas que desean mudarse a Australia, crear empleos, generar inversiones, crear oportunidades para Australia, entonces seremos muy proactivos en la búsqueda de fomentar eso», agregó.

El ministro de Inmigración australiano, Alan Tudge se sumó a la invitación de Morrison diciendo que se espera que el número de hongkoneses que vendrían bajo este nuevo arreglo de condiciones sea «de cientos de miles».

La nueva ley de seguridad nacional aprobada por el gobierno de Xi Jinping puede poner penas de hasta prisión perpetua para aquellas personas tachadas de «terroristas» o que cometan actos de «secesión» o «subversión». Decenas de países y de instituciones de derechos humanos internacionales han alertado por el posible aumento de persecuciones políticas que podría derivar de esta legislación, que incluso ilegaliza la proclamación en público de mensajes que aboguen por la independencia del territorio.

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