UN PAÍS, DOS SISTEMAS

China reinstala su poder sobre Hong Kong con su nueva y dura ley contra la subversión

Pekín reveló el martes la nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong que castigarán los delitos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.

Carrie Lam firma la ley en nombre del gobierno de Hong Kong. Foto: Gobierno de Hong Kong
Carrie Lam firma la ley en nombre del gobierno de Hong Kong. Foto: Gobierno de Hong Kong

Los habitantes de Hong Kong condenados por la nueva ley de seguridad nacional de la ciudad podrían ser encarcelados de por vida. El texto completo de la controvertida legislación de Beijing para el territorio hongkonés se hizo público recién este martes, horas después de su aprobación en la máxima legislatura de China.

Estratégicamente, fue presente lanzada justo antes del 1° de julio, tradicionalmente un día de protestas a favor de la democracia que reúnen a cientos de miles cada año y que recorren toda la ciudad.

Los actos de secesión, subversión, terrorismo o colusión con fuerzas extranjeras tendrán una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua -en los casos más graves-, según el texto publicado en el boletín gubernamental oficial justo después de las 11 p.m.

Incluso actos que en otros países son considerados apenas contravenciones, como vandalizar el transporte público, que sea visto por el gobierno como una amenaza contra Hong Kong o China, podrá catalogarse como terrorismo.

Pekín toma el control

La nueva ley establece que Hong Kong tendrá jurisdicción para enjuiciar delitos de seguridad nacional, excepto cuando tenga «dificultades realistas» debido a la participación de fuerzas extranjeras, o por la «gravedad» de la situación. En los casos en que el país se enfrenta a «graves amenazas reales», China podrá intervenir y hacer justicia a su manera.

Bajo tales condiciones, la Cláusula 56 establece que la Fiscalía Popular Suprema de China puede estipular «fiscalías relevantes» para enjuiciar, mientras que la Corte Popular Suprema puede estipular «tribunales relevantes» para el juicio, bajo la ley penal china que estaría por encima de la hongkonesa.

El gobierno de Xi Jinping establecerá en Hong Kong una oficina para «salvaguardar la seguridad nacional» del territorio especial, con personal enviado desde Pekín. En estas oficinas, el gobierno hongkonés no tendrá jurisdicción ni podrá supervisar al personal y sus procedimientos.

En el texto aprobado no se hace ninguna referencia a extradiciones a China continental, pero pero sí se agregaron serias amenazas a la ciudadanía y la prensa que acceda, lea o escuche información que el Estado chino considere «clasificada».

La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, pidió «respecto» a la comunidad internacional y rechazó las críticas que vienen desde el extranjero. Fuera de estos comentarios, hechos en una videoconferencia con los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prefirió guardar silencio al menos con la prensa local.

 

 

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