La Corte Suprema de Brasil exige explicaciones a Bolsonaro por flexibilizar el porte de armas

Una jueza de la Corte Suprema de Brasil dio cinco días al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro para explicar su decreto que autorizó a millones de brasileños a portar armas de fuego en espacios públicos.

La orden de la jueza Rosa Weber, se extiende al Ministerio de Justicia, y fue emitida después de que un partido opositor, Rede Sustentabilidade, impugnará la constitucionalidad de la decisión de Bolsonaro.

Según una copia de los documentos de la corte proporcionados a periodistas el partido considera que el decreto, firmado el martes, fue «un abuso de poder regulatorio» y «contravino el espíritu» de un estatuto de desarme de 2003 que prohíbe portar armas en público.

“Entendemos que o decreto que facilita o porte de armas é inconstitucional e fere o princípio da separação entre os poderes. Essas regras devem ser discutidas no Congresso Nacional”, afirmou o senador @randolfeap. //t.co/rpts4GpPrW

— REDE 18 (@REDE_18) 11 de mayo de 2019

También se acusa a Bolsonaro de «ir más allá» de sus atribuciones presidenciales y se califica al decreto de «ilegal».

Bolsonaro anunció el pasado martes una flexibilización a la tenencia de armas para cazadores y socios de clubes de tiro, una medida polémica porque los autoriza a usar las armas en sus residencias así como trasladarse con ellas cargadas.

Sin embargo la alarma se encendió aún más el miércoles cuando se conoció que el decreto también autorizaba el porte de armas a 20 categorías profesionales como políticos, agentes de tránsito, residentes en áreas rurales, camioneros, agentes de la administración penitencia o profesionales del sistema socioeducativo, entre otras.

Además, la resolución permite la importación de armas y amplía el número de cartuchos que se pueden adquirir: de 50 a 1.000 en armas de uso restringido, y a 5.000 para las de uso permitido.

También se estableció que los menores de edad pueden participar en clases de tiro con el consentimiento de sus responsables legales y siempre que el curso sea en un local autorizado por el Ejército. Anteriormente, era necesaria una autorización judicial.

«Estamos dentro del límite de la ley»

Bolsonaro por su parte asegura que el decreto se apega al resultado de un referéndum de 2005 en el que cerca del 64% de los brasileños rechazó una ley que implicaba, entre otras cosas, una prohibición total de la venta de armas.

«No estamos haciendo nada más de lo que el pueblo quiso en el 2005. Estamos dentro del límite de la ley. Si es inconstitucional, tiene que dejar de existir», expresó el mandatario.

Diversos especialistas aseguran que flexibilizar los controles aumentará la violencia armada en un país que ya ostenta uno de los mayores índices de homicidios del mundo.