El bloqueo político continúa en Cataluña a más de dos meses de las elecciones

 

El presidente del Parlament, Roger Torrent, criticó este domingo que las decisiones judiciales puedan condicionar quién puede ser investido como presidente de la Generalitat.

«No permitiremos que quien decida las mayorías en el Parlament, que quien decida a quién se inviste, que quien decide quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña sean los tribunales, sean los jueces, y no la ciudadanía», manifestó.

Al tiempo que exigió que los jueces tengan «respeto institucional». Sus declaraciones llegaron después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegara al candidato Junts per Catalunya (JxCat) a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, el permiso para acudir al pleno del Parlament para poder ser investido.

Ante la negativa del TS Torret postergó sin fecha fija, la votación de investidura pero anunció que recurrirá la decisión de la Justicia española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, dijo que agotará todas las vías legales para defender los derechos de los diputados y la soberanía de la cámara, según informaron fuentes parlamentarias.

El Tribunal Supremo español denegó ayer la libertad al líder secesionista preso Jordi Sánchez para acudir el lunes al Parlamento catalán a la votación de su propia investidura como presidente del gobierno regional.

Llarena, basó su decisión en lo que considera un riesgo de reiteración delictiva por parte de Sánchez, quien está preso desde octubre de 2017 acusado de haber instigado varias concentraciones y protestas que tuvieron lugar en setiembre en Barcelona y que estaban vinculadas con el referéndum soberanista que se celebró unos días después en Cataluña.

El magistrado rechazó liberar a Sánchez así como otorgarle puntualmente un permiso para acudir a su investidura, a pesar de que la defensa alegó que su voluntad y la de su grupo, JxCat, es respetar la legislación vigente.

El juez argumentó que los delitos de rebelión o sedición por los que Sánchez está siendo investigado se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales. Por ese motivo, el acceso del líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC, una de las principales organizaciones independentistas) al cargo de Presidente regional supone una amenaza.

Este domingo la defensa de Jordi Sànchez que este lunes tenía previsto presentar una demanda con petición de cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en defensa al derecho de Sánchez a poder asistir al pleno de investidura, anunció que pospondrá por el momento esa acción. En su defecto, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y diputado de Junts per Catalunya, en prisión desde el pasado octubre, presentará un recurso de apelación ante el Supremo.