Naciones Unidas expresa preocupación por plebiscito para bajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años

El Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos de la ONU manifestó este viernes su “preocupación” ante el plebiscito del 26 de octubre, que han impulsado los sectores de la oposición, para bajar la edad de imputabilidad penal adolescente de los 18 a 16 años.

Dese el gobierno y el Frente Amplio han existido múltiples voces en contra de la iniciativa, incluso el precandidato nacionalista, Jorge Larrañaga se opone a la baja de la edad de imputabilidad.

“El Comité expresa su preocupación ante el llamamiento a una consulta plebiscitaria el 26 de octubre de 2014 sobre la propuesta de rebaja de la edad mínima de responsabilidad penal a los 16 años y el enjuiciamiento de jóvenes en conflicto con la Ley como adultos en casos de delitos graves, como forma de luchar contra la criminalidad en el Estado parte”, expresó este viernes el organismo de ONU, según informó la agencia EFE.

En la resolución también se expresa preocupación por los informes recibidos en los que se señala que el “endurecimiento de la legislación penal aplicable a los menores infractores habría supuesto un aumento significativo en el número de menores privados de libertad, con el consiguiente deterioro en las condiciones de detención en los centros del Sistema de Responsabilidad de Adolescentes (SIRPA)”.

Respeto de los estándares internacionales

Asimismo, indica que ante la proximidad de la convocatoria popular, Uruguay “debe garantizar que su sistema de justicia de menores respete los estándares internacionales en la materia, especialmente las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil”.

En tal sentido, “urgen a Uruguay a velar por que la edad mínima de responsabilidad penal establecida sea acorde con las normas internacionales”.

También piden que se aplique “la privación de libertad a menores infractores como último recurso, por el periodo más breve posible, y que se revise periódicamente con miras a eliminarla”.

Recomiendan al gobierno a adoptar “medidas sustitutivas a la prisión preventiva, siempre que sea posible”. Al tiempo, piden que la administración “vele por que las condiciones de detención en los centros de internamiento de menores sean compatibles con la Convención y otras normas internacionales de derechos humanos, garantizando su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional”.

Evitar el Hacinamiento

Por otro lado, el Comité expresó su “pesar” por el “hacinamiento” en los centros destinados a la recuperación de menores, por lo cual pide que “redoblar los esfuerzos para combatir la situación.

También requiere que nuestro país establezca un mecanismo de “queja eficaz, independiente y accesible que garantice la investigación pronta, exhaustiva e imparcial de las denuncias de tortura y malos tratos a menores internados en centros del SIRPA”.

Exhorta al gobierno a que “vele por que en los presuntos casos de tortura o malos tratos se suspenda inmediatamente de sus funciones a los sospechosos mientras dure la investigación”.

Sobre este aspecto, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó en marzo ante la Comisión de Población del Parlamento, un informe sobre los establecimientos del SIRPA.

En el estudio se denuncia “hacinamiento, tiempo de encierro excesivo, falta de actividades estables y sostenidas, falta de educación permanente, y la ineficiente e incompleta registración de actividades”.

También remarcaron que existen “heterogeneidad de criterios sancionatorios, la inexistencia de criterios uniformes con respecto a la atención medica de los adolescentes, insuficiente formación de las personas que están en contacto directo con la población internada y tratos abusivos por parte de algunos funcionarios”.