Coloquio en Senado francés sobre desaparecidos y «derecho de saber» en Uruguay

Organizado por la asociación franco-uruguaya «¿Dónde están?», este coloquio se realiza en el particular contexto uruguayo, donde la Suprema Corte de Justicia ignoró en febrero pasado un veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y rehusó reconocer los delitos cometidos durante la dictadura como crímenes de lesa humanidad, considerándolos por lo tanto como prescriptos.

«El desafío de la justicia que está en juego en Montevideo va más allá de las fronteras del Uruguay y concierne a toda la comunidad internacional«, afirmó al abrir el coloquio el jurista francés Louis Joinet, artífice de la Convención Internacional sobre las desapariciones forzosas y exconsejero del presidente francés François Mitterrand.

«Negar la imprescritibilidad de esos crímenes de lesa humanidad» es «un grave precedente del cual pueden inspirarse los Estados depredadores que esperan dar vuelta a la página para que ésta no pueda ser leída», dijo.

Joinet recordó que el Senado francés se organizó hace más de 30 años (en 1981) el primer coloquio sobre la desaparición forzosa, la de los desaparecidos en Argentina.

Tras él participaron en el debate, entre otros, la senadora uruguaya Constanza Moreira, la fiscal Mirtha Guianze, el jurista Oscar López Goldaracena, la jueza Mariana Mota, y Macarena Gelman.

«Este coloquio permite una reflexión para ver qué caminos se pueden tomar» en la lucha contra la impunidad, declaró a la AFP Macarena Gelman, señalando que «Uruguay aprobó una ley, pero la Corte Suprema la declaró inconstitucional, y su presidente dijo incluso que cuando estos procesos judiciales lleguen a ella se van a encontrar con una muralla, con lo cual anticipa ya qué opinión va a tener la Corte».

Es necesario que «el Estado uruguayo permita que los procesos se lleven a cabo», que se «reconozca quienes son los culpables de esos hechos y que haya condenas, teniendo en cuenta que son crímenes de lesa humanidad y que no conciernen sólo a las personas individuales sino a toda la sociedad», agregó.

Los sucesivos oradores en el coloquio recalcaron la necesidad de que la Corte Suprema reconozca los crímenes de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, no prescriptibles. Afirmaron además que en materia de desaparición se puede invocar el delito permanente que se sigue cometiendo hoy, lo que invalida la prescripción.

Señalaron asimismo la necesidad de una «política de Estado» en materia de derechos humanos, algunos de ellos, como López Goldaracena, consideraron necesaria para ello una modificación de la Constitución.

«Si se compara lo que hace el Estado uruguayo con lo que pasa en Argentina, estamos muy lejos de lo que se necesita: no hay búsqueda sistemática de desaparecidos, no se estimula el enjuiciamiento de los criminales, no hay política de búsqueda en los archivos del Estado, el poder político no ha ejercido su autoridad para obligar a las fuerzas armadas a entregar la información», señaló uno de los organizadores del coloquio.

«Increíblemente la Suprema Corte de Justicia uruguaya pretende que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay en el caso Gelman no se le imponen. E incluso pretende que los tratados y convenciones internacionales que Uruguay ha firmado no pueden ser adaptados al derecho nacional, lo que es una aberración jurídica», agregó. AFP