MYSU: “No se sabe cuáles son las prioridades, metas y obligaciones de los prestadores de salud”

En el marco del Día Internacional de Acción de la Salud de las Mujeres, ¿Cuál es la situación de Uruguay?

Desde el 28 de Mayo desde 1987 es el Día Internacional de Acción de la Salud de las Mujeres, lo determinamos en el 5º Encuentro Mundial de Mujer y Salud, se organiza desde grupas y organizaciones alrededor del mundo vinculado a la salud de las mujeres y salud desde una perspectiva de género. Los motivos de esa reunión, celebrada en 1987, fueron los altos índices de morbilidad y mortalidad de mujeres por razones evitables, como son las vinculadas a embarazo, parto, puerperio y aborto. La denuncia fue porque las cifras de mortalidad materna, era un indicador no solo de salud sino de desarrollo. Cuando en un país no podes evitar aquellas causas que se podrían haber prevenido, en realidad estás hablando más que de un indicador de salud, de cuál es la situación de las mujeres en esa sociedad, hasta donde tienen derechos, y hasta donde son priorizadas y hasta donde los Estados asumen los compromisos de garantizar las condiciones. Ha llevado muchos años y hemos logrado influenciar y ser tenidas en cuenta por los Estados, en instancias internacionales creadas por Naciones Unidas, también regionales convocadas por distintas agencias como CEPAL, UNFA, ONU Mujeres, UNICEF, etc, de que se entienda que la salud de las mujeres, no solo debe atenderse por cuestiones de enfermedad, sino que es una dimensión de la salud que debe estar sustentada en promoción y prevención.

Como MYSU, tenemos un observatorio montado desde el año 2007, donde llevamos un control sobre qué es lo que el Estado firma y acuerda a nivel regional e internacional en términos de compromisos, tanto políticos como jurídicos, y como esos compromisos  lo traducen en política pública. Desde 2010, en particular en el proceso de reforma de la salud, la salud sexual y reproductiva ha sido una de las prestaciones obligatorias, tanto para los servicios públicos como para los prestadores privados. Con dificultades se han ido instalando, pero se instalaron los equipos de salud sexual y reproductiva que deben atender, no solo el control de embarazo, parto y  puerperio, sino también el acceso a  los métodos de anticoncepción, prevención y atención de VIH, y otras infecciones de transmisión sexual y atención de adolescentes varones, mujeres y disidencias. También la violencia sexual, doméstica y ahora también la violencia integral de género. Esto se ha ido instalando, ha habido cierta voluntad para que esto suceda, pero si no presionamos esta dimensión de la salud, vuelve a debilitarse rápidamente. En 2020, con el cambio de administración de gobierno y con la perplejidad por la Pandemia, que como humanidad aún no hemos logrado controlar, lo que hicimos el 28 de mayo pasado, fue llamar la atención a través de la movilización de las criadas, reproduciendo el libro de Margaret Atwood “El Cuento de la Criada”, para que se viera lo que sucede en los sistemas democráticos si se debilitan las garantías de derechos humanos y cuando asume el poder la supremacía masculina con un concepto patriarcal de la sociedad y donde rápidamente en esas distopias, uno de los primeros sectores que pierden sus derechos son las mujeres. Por eso elegimos esa performance, en un momento de miedo y perplejidad, teníamos que sumar y reclamar, cambiaba la administración y asumía una nueva composición del Parlamento.

Pensemos que en este contexto de Pandemia, se introdujo y se aprobó una Ley de Urgente Consideración (LUC), que tiene modificaciones estructurales que impactan sobre distintas dimensiones de los derechos humanos, como es la libertad de movilización, el acceso a la educación, la vivienda, y la seguridad social. Nosotras ahí llamamos la atención como una ley tan ambiciosa (476 artículos) con tantas dimensiones, considerada urgente por el gobierno, y sin embargo, la salud no estaba. Es el gran ausente del debate público. Hoy seguimos adelante en la medida de que hay un proceso ciudadano de convocar a juntar firmas que culmine con la derogación de dicha ley. La salud, solo es considerada en función del COVID. A un año y medio del gobierno, no sabemos cuáles van a ser las prioridades, las metas asistenciales y las obligaciones sanitarias que van a tener las instituciones que proveen servicios dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. No sabemos que va a pasar con los servicios de salud sexual y reproductiva.

Desde hace un año que advertimos, tanto al Poder Legislativo como el Ejecutivo, sobre las consecuencias negativas que tiene desatender estas dimensiones de la salud, porque tiene costos muy altos que se pagan y lo pagan las mujeres.

Tenemos el caso de una adolescente de 14 años en el interior (Treinta y Tres, diciembre 2020) asistió a los servicios para la práctica de un aborto legal, cumpliendo con las exigencias de interrumpir un embarazo no deseado y falleció. Aún no hay resultado de las investigaciones.

¿Para este 2021 cuál va a ser el énfasis?

El acento es sobre las consecuencias negativas y graves que trae desatender estas dimensiones de la salud. Tenemos el caso de una adolescente de 14 años en el interior (Treinta y Tres, diciembre 2020) asistió a los servicios para la práctica de un aborto legal, cumpliendo con las exigencias de interrumpir un embarazo no deseado y falleció. Aún no hay resultado de las investigaciones. Por esta situación nos reunimos con el Directorio de ASSE, que es el prestador donde sucede el problema, pero no hemos tenido posibilidad alguna de conocer desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) cual fue la problemática que hizo que el sistema no respondiera, en algo que está reglamentado y para que el aborto sea legal y seguro, y hasta ahora seguimos sin respuesta. Alertamos, hicimos recordatorios sobre los compromisos que Uruguay ha firmado, incluso durante esta administración, respecto a que los derechos sexuales y reproductivos son dimensiones de los derechos humanos, que no pueden ser desatendidos en Pandemia. Sin embargo, seguimos sin tener respuesta y hoy día tenemos que lamentar el fallecimiento de dos embarazadas que contrajeron COVID 19.

 

Esto que alertamos el año pasado, un año después lo que tenemos es denunciar que, desatender u omitir acciones en este campo, tiene consecuencias que son tan graves como evitables.

¿En este marco de la ley de salud sexual y reproductiva, que información tienen de cuáles son las mayores dificultades a las que tiene que hacer frente una mujer, que sucede con la atención, con la información que deben recibir, la objeción de conciencia por parte del cuerpo médico?

Se ven enfrentadas a todas esas dificultades, tienen que reconstruir la información porque no están los datos, estamos a fin de mayo y no tenemos la información oficial sobre lo que ocurrió con la salud sexual y reproductiva durante 2020. No tenemos cifras sobre aborto, no tenemos noticias de evaluaciones científicas que ameriten que siga silenciado el MSP en estas dimensiones y requerimientos de salud. La salud sexual y reproductiva se debilitó. Relevamos como una buena noticia que el MSP a principios de 2020, a poco de iniciada la Pandemia, emitió un comunicado dirigido a los servicios públicos y prestadores privados, diciendo que la salud sexual y reproductiva debía atenderse en emergencia. A continuación el mensaje fue “controlen embarazo y parto”, no hubo énfasis en el control de aborto. Hay un sesgo en atender estas dimensiones, a su vez mujeres en embarazo y parto, lo que han denunciado es la discrecionalidad de atención en función del prestador, las demoras en los estudios, el no poder estar acompañadas en el momento del parto, cuando la ley lo habilita. No tener información de cómo acceder a los métodos anticonceptivos, y en el tema del aborto, hemos notado un clima de sanción por parte de los servicios.

Hay demoras, se intenta incidir en los procesos de interrupción y en algunos casos omitir y no cumplir con el protocolo que corresponde por ley. La gente no sabe cómo están funcionando los servicios y esto sucede porque ni desde las autoridades, ni desde los prestadores, se ha hecho la difusión. Tampoco funcionan los sistemas de denuncia. Desde MYSU y la Red de acompañamiento feminista en aborto (LAS LILAS), que se conformo el año pasado en 10 departamentos del país, somos grupas y organizaciones preocupadas por la situación y hay una suerte de que esto está mal. Lo que intentan es incidir, agudizando el estigma respecto a las decisiones reproductivas y hay una total falta de fiscalización del MSP, no lo hace respecto a lo que deben cumplir las instituciones, hay discrecionalidad de las instituciones respecto a si una mujer puede o no estar acompañada en el parto, cuando reitero la ley lo habilita y no hay mecanismo de contralor. Lo vuelvo a decir, tenemos una adolescente de 14 años muerta desde hace 6 meses y es inaceptable que no se sepa que sucedió.

No tenemos mecanismos de diálogo, no hay respuesta de las autoridades, no hay mecanismos de información a la población, no hay fiscalización a los prestadores de salud y los mecanismos de denuncia no responden.

 

Hicimos pedidos de acceso a la información pública tanto a ASSE como al MSP y las respuestas están sustentadas en que hay que velar por la confidencialidad de las personas, cuestión que nosotros compartimos, pero lo que hay es silencio hacia la ciudadanía y la población usuaria de cuáles  son los problemas y como se debe exigir ser salvados. Las consecuencias de una decisión no respetada, son particularmente complicadas. Embarazos forzados, maternidades impuestas, situaciones inseguras, no atención adecuada genera problemas, que deberían ser evitables y seguimos sin tener ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. El MSP no responde, junto a otras organizaciones pedimos que se reinstalen los mecanismos de diálogo. Teníamos la Comisión asesora de salud reproductiva en la órbita del MSP y nunca se volvió a convocar o como la Comisión Nacional de Población y Desarrollo  en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que funcionó hasta 2019 y que tampoco ha sido convocada.

No tenemos mecanismos de diálogo, no hay respuesta de las autoridades, no hay mecanismos de información a la población, no hay fiscalización a los prestadores de salud y los mecanismos de denuncia no responden. MYSU no es una organización para brindar servicios, pero el año pasado debimos encontrar la forma de acompañar a más de 150 mujeres, muchas de ellas migrantes, que en situación de Pandemia, quedaron fuera de la atención de aborto, porque la ley no lo permite hasta que tenés un año de residencia y que el sistema no se hace cargo de lo que significa quedar en esa situación. Estamos exigiendo que si las instituciones de salud, no pueden cumplir con los requerimientos que la propia ley establece, debe flexibilizar, para que el precio no lo pague quién más lo requiere y es imposible hablar de esto. Logramos una reunión con ASSE y se habilitaron instancias de capacitación de cómo cumplir con protocolos y particularmente como atender abortos en adolescentes. Ahora qué sucedió y cuáles fueron las fallas, todavía no tenemos información. Por eso nos hemos reunido con la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), porque Uruguay tiene compromisos asumidos, es uno de los pocos países que reconoce que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, pero no lo ha traducido en mensajes claros a la ciudadanía, tampoco las políticas son claras.

No sabemos si hay insumos, tampoco por cuánto tiempo hay insumos, porque el MSP no responde. Tampoco sabemos si hay disponibilidad de métodos anticonceptivos, si hay disponibilidad de medicación para abortar. Ante la falta de recursos humanos y la sobreexigencia del sistema, como hacer para flexibilizar condiciones para que el precio no lo pague quién ha cumplido con todas estas exigencias. Por último, quiero decir que nos sumamos a esta iniciativa ciudadana de recolectar firmas para discutir la LUC, que pone en riesgo derechos y que consideramos fundamentalmente que la ciudadanía sabe poco de lo que esta ley contiene y de lo que podrían ser perjuicios al ejercicio de sus derechos, por eso también nos sumamos a la recolección de firmas para derogar la ley (LUC).