ONU busca atender a mujeres y niñas en pobreza extrema, víctimas invisibles del COVID-19

Cada día que pasa, la magnitud de la pandemia supera los propios límites alcanzados en la jornada anterior.

La FPNU, la agencia de salud sexual y reproductiva de las Naciones Unidas, ha prometido llevar a cabo acciones con todos los que salen a trabajar durante la pandemia del coronavirus: desde el personal médico y los voluntarios que atendieron valientemente a los enfermos, hasta los conductores de autobuses y los cuidadores que fueron catapultados -queriendo o no- al frente de batalla.

«El COVID-19 está probando a la comunidad internacional. Sin embargo, el trabajo de la FPNU con gobiernos, socios, agencias de la ONU y donantes continúa y aumenta. Los planes de continuidad del negocio están implementados en todos los niveles, y nuestro compromiso de servir a los más vulnerables y difíciles de alcanzar es más fuerte que nunca», dijo en un comunicado la doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del organismo.

Derechos de las mujeres

Como casi toda crisis de gran envergadura, esta pandemia ha interrumpido el acceso a la salud sexual y reproductiva, y son las mujeres siempre las más afectadas cuando dejan de acceder a estos derechos.

Según Kanem, la FPNU está trabajando con gobiernos y socios para priorizar las necesidades particulares de las mujeres y las niñas. «Seguimos trabajando de acuerdo con nuestros objetivos de poner fin a la necesidad insatisfecha de planificación familiar, terminar con las muertes maternas prevenibles y poner fin a la violencia de género y las prácticas nocivas para 2030″, explicó la jerarca.

«Apelamos a los donantes para que financien nuestra respuesta al COVID-19 dirigida a países con sistemas débiles de salud pública y apoyo social, incluidos países en situaciones frágiles y humanitarias, y proyectamos provisionalmente un costo de US$ 187.5 millones», agrega Kanem.

«Los esfuerzos del UNFPA se centrarán en fortalecer los sistemas de salud, procurar y entregar suministros esenciales para proteger a trabajadores y trabajadoras de la salud, garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y violencia de género, y promover la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad», concluyó.