Corte Constitucional bloquea debate sobre legalización del aborto en Colombia

La discusión sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) quedó estancada en Colombia debido a que la Corte Constitucional del país respondió de forma positiva con un fallo inhibitorio a una demanda puesta por un colectivo ultraconservador y religioso que pide que se vuelva a penalizar con cárcel a las mujeres y profesionales de la salud que participen de un aborto.

No importa si el feto tiene malformaciones graves o si la vida de las mujeres está en riesgo: los autodenominados «pro-vida» colombianos se oponen a cualquier instancia en la que el aborto sea necesario. Sin embargo, la IVE permanecerá siendo no punitiva en casos específicos, tal cual está escrito actualmente en la legislación.

La decisión de no pronunciarse a fondo sobre esa demanda fue de seis magistrados a favor y tres que salvaron su voto, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas, y ofrecieron cinco aclaraciones sobre sus votos. “Se concluye que la demanda no resultaba viable jurídicamente volver a analizar constitucionalidad de la norma acusada. Debe tomarse en consideración que al existir una decisión previa el Tribunal debe ser mucho más exigente en el cumplimiento de los requisitos de la demanda debido a que deben existir razones poderosas que justifiquen que se vuelva a analizar una norma que ya fue objeto de control de constitucionalidad”, dijo Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional a través de un comunicado.

La corte se declara inhibida

El magistrado Alejandro Linares propuso establecer un sistema híbrido de despenalización parcial, según el cual no se incurría en un delito llevar adelante una IVE en las primeras semanas de la gestación. Para él, mantener el aborto como delito, tal cual está en el código penal, no ha sido efectivo en reducir los abortos clandestinos, y ha empujado a las mujeres a realizarse los procedimientos en lugares ilegales poniendo en riesgo su salud y su vida misma.

Debido a que la Corte consideró que los argumentos de Linares no estaban suficientemente bien sustentados, rechazó su ponencia y se declaró inhibida para seguir habilitando la discusión.

De acuerdo a datos oficiales, en Colombia entre 1998 y 2009 se realizaron unos 400.000 abortos clandestinos, pero solamente se llevaron adelante 5.833 denuncias contra mujeres o médicos.