Los gobiernos latinoamericanos subestiman los datos sobre femicidios
Las estadísticas oficiales sobre asesinatos de mujeres no coinciden con los casos documentados por grupos de defensa de los derechos de las mujeres.
Lucía Pérez tenía 16 años cuando fue asesinada por dos hombres que la drogaron, la violaron y abandonaron su cuerpo en un baldío en Mar del Plata, Argentina, en 2016. Según los tribunales, su muerte fue consecuencia de una sobredosis de cocaína y marihuana y no de que sus agresores, además, la empalaron con un trozo de madera en la violación.
Su familia no acepta el veredicto. «Fue como si la mataran de nuevo», le dice Marta Montero, la madre de Pérez en entrevista con el portal HuffPost. «No solo la mataron, sino que también la culparon de su muerte».
La muerte de esta chica intensificó en su momento el debate sobre los femicidios, no solo en Argentina, que vive una creciente epidemia, sino en todo Latinoamérica, un continente sumamente machista que se niega a aceptar la realidad de la masacre que están viviendo sus mujeres.
Según las Naciones Unidas, el feminicidio se entiende como el asesinato intencional de mujeres porque son mujeres. Al menos 15 países de América Latina, incluida Argentina, clasifican los asesinatos por motivos de género como feminicidios.
Un continente en negación
En esta región, un promedio de 12 mujeres mueren diariamente debido a su género. Según la ONU, América Latina alberga a 14 de los 25 países con las tasas de femicidio más altas del mundo. Y el 98% de estos crímenes contra mujeres no están etiquetados como feminicidios, lo que lleva en muchos casos a la desidia o la inacción de las autoridades y a que queden impunes.
Al catalogar el femicidio como un delito específico, los países pueden recopilar más fácilmente estadísticas sobre la violencia fatal contra las mujeres.
Sin embargo, muchos países viven en una especie de negación sobre los femicidios al no catalogarlos bajo esta figura penal.
Seis años antes de la muerte de Pérez, América Latina ya estaba tomando medidas políticas para combatir la violencia contra las mujeres. En 2010, Chile agregó un cargo de feminicidio a su código penal, seguido de otros países como Guatemala (2010), Costa Rica (2012), Bolivia (2013), El Salvador (2013), Nicaragua (2013) y Argentina (2014). En 2014, Ecuador se convirtió en el octavo país, aprobando el Artículo 141 en su código penal, que define el feminicidio como el ejercicio de las relaciones de poder que resultan en la muerte de una mujer por «ser mujer». Castiga el crimen con penas de prisión que van desde 22 a 26 años.
Para los expertos, la falta de acuerdo sobre lo que configura un feminicidio es una de las principales causas de las lagunas en los datos registrados por los funcionarios y los reportados por los grupos de defensa de derechos de las mujeres.
En el caso de Pérez, las autoridades argentinas dijeron que su muerte no fue un feminicidio porque la adolescente había tenido previamente una relación sexual consensuada con uno de los hombres que la agredieron y porque había consumido drogas.
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