Japón niega a las casadas el derecho de usar su apellido de solteras

El Tribunal Supremo de Japón rechazó este miércoles una demanda contra la Ley que obliga a las parejas a adoptar el mismo apellido una vez que se casan. El estatuto no especifica qué apellido debe tomarse, pero en la práctica, el 96% de las mujeres casadas toman el de sus maridos, algo que refleja que el país asiático continuá siendo una sociedad dominada por los hombres. La legislación ha sido criticada por inconsitutcionalidad y por violar los Derechos Humanos, y muchas de las mujeres consideran que esto les quita su identidad.

«No he podido dejar de llorar cuando he oído el veredicto» aseguró una mujer de 80 años que usa su apellido de soltera, pero ante la ley figura con el apellido de su marido «ahora no podré morir como Kyoko Tsukamoto» lamentó.

El presidente del Tribunal Supremo, Itsuro Terada declaró que «la ley que impone que marido y mujer compartan el mismo apellido familiar no es inconstitucional» y argumentó que la Constitución concede a las parejas la libertad de elegir el apellido que quieren adoptar, ya que en Japón sólo se utiliza uno.

Las demandantes de la ley impuesta en el siglo XIX la consideran discriminatoria de facto para las mujeres. Muchas japonesas se quejan de que son perjudicadas cuando tienen que adoptr un nuevo apellido y renunciar al reconocimiento profesional que habían logrado con su nombre de soltera.

En ese sentido Terada expresó que las mujeres son libres de usar su apellido de soltera en la vida diaria, por lo que eso no sería un problema.

Una buena

El Tribunal Supremo de Japón sí declaró anticonsitucional una ley que prohibía a las divorciadas volver a contraer matrimonio hasta que no hubieran transcurrido seis meses desde su separación. La norma estaba vigente desde el año 1898 y tenía como fin evitar posibles confusiones sobre la paternidad de los hijos concebidos durante el proceso de separación o justo después del divoricio. La justicia dio la razón a una demandante japonesa que argumentó que dicha ley imponía restricciones excesivas a las mujeres y vulneraba así el principio constitucional que garantiza la igualdad de todos los japoneses.

De todas formas el Tribunal no abolió la ley, sino que sugirió que la prohibición se redujera a 100 días, periodo de tiempo suficiente para la paternidad del bebé nacido después del divorcio.