La oposición rechaza toda posibilidad de debate para crear el Ministerio de Justicia

La creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos enfrenta un escenario político complejo marcado por la oposición frontal de los principales partidos de la coalición multicolor. La iniciativa, catalogada como prioritaria por el gobierno del presidente Yamandú Orsi, encuentra un muro de rechazos públicos que obstruye cualquier posibilidad de apertura al debate parlamentario en el corto plazo. Esta resistencia unificada deja al Poder Ejecutivo sin los apoyos necesarios para avanzar la propuesta, forzándolo a explorar vías de diálogo discretas con figuras opositoras específicas.

A pesar de la inclusión de la propuesta en los programas de gobierno de todas las fuerzas políticas principales durante la campaña electoral, el consenso inicial se ha evaporado. La Torre Ejecutiva reconoce la existencia de voces críticas predominantes en la oposición que, de manera pública y categórica, descartan apoyar la creación del ministerio. Este bloqueo sistemático sitúa al proyecto en un punto muerto, obligando al gobierno a depender exclusivamente de gestiones reservadas con dirigentes que mantendrían una aceptación conceptual en privado.

Las funciones de un Ministerio de Justicia uruguayo

Durante su exposición en el seminario internacional “La Creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay”, organizado por la Universidad de la Empresa el 31 de julio, Jorge Díaz detalló los puntos clave y las tareas del futuro organismo. Explicó que el Poder Ejecutivo dispondría de un “organismo especializado” encargado del “análisis permanente” y del “monitoreo del funcionamiento del sistema” de justicia, funciones que actualmente no existen de forma centralizada. Además, este ministerio sería el encargado de enviar al Parlamento los proyectos de ley que busquen reformas vinculadas al Poder Judicial o la Fiscalía.

Díaz, consultado posteriormente en rueda de prensa, agregó que el ministerio centralizaría la “abogacía del Estado”, encargándose de la defensa legal de Uruguay tanto en arbitrajes internacionales como en “juicios nacionales que muchas veces tienen impacto y una gravedad muy importante». Su rol sería «apoyar estratégicamente» todos los servicios jurídicos del Estado. Un tercer eje fundamental, según el prosecretario, es el «acceso a la justicia». Díaz señaló la paradoja de un país «lleno de abogados que no tienen clientes y tenemos muchas personas que no tienen abogados», un encuentro que «no lo resuelve el mercado». Por tanto, el Estado debe «contribuir a que eso suceda y garantizar a sus ciudadanos el acceso a la justicia y el poder hacer valer sus derechos».

La gestión del sistema carcelario fue otra tarea fundamental mencionada por Díaz, que absorbería esta cartera para aliviar la carga actual del Ministerio del Interior. Finalmente, y respondiendo directamente a los cuestionamientos de la oposición, Díaz enfatizó que el eventual ministerio estaría «ajustado al modelo constitucional uruguayo». Esto implica, según sus palabras, que «no se toca» ninguna «función jurisdiccional» asignada por la Constitución a órganos como el Poder Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El gobierno evalúa dos vías para negociar la creación del ministerio

El gobierno apuesta a mantener «contactos» con dirigentes específicos de la oposición identificados como potencialmente favorables «conceptualmente» al proyecto, aunque públicamente «no lo van a decir» para evitar conflictos internos en sus partidos. Fuentes de Presidencia confirmaron que la estrategia pasa por profundizar el diálogo con estos actores, reconociendo la imposibilidad de un apoyo abierto. La creación del Ministerio de Justicia es una de las 63 medidas prioritarias definidas por Orsi y su gabinete para el primer año de gestión.

Inicialmente, el Poder Ejecutivo evaluó dos vías para presentar la iniciativa: incluirla parcialmente en la ley de presupuesto quinquenal que debe ingresar al Parlamento antes de fin de agosto, o impulsarla mediante una ley «extra presupuestal», tal como ocurrió con el Ministerio de Ambiente (incluido en la Ley de Urgente Consideración -LUC- de 2020) o el Ministerio de Desarrollo Social en 2005. Tras análisis internos, se optó por descartar la vía presupuestal. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, principal impulsor del proyecto, recomendó explícitamente a Orsi no enviar la creación del ministerio en la ley de presupuesto, argumentando que estas leyes «tienen procesos de discusión muy acotados, tiempos acotados y se discuten muchos temas».

El objetivo declarado es elevar la iniciativa al Parlamento «ya este año», si los plazos lo permiten. Se busca propiciar un debate parlamentario sólido y una «maduración» de la discusión, no sujeta a «determinados plazos» rígidos como los de la ley presupuestal. Esta voluntad de abrir un espacio amplio para la negociación partidaria fue parte de las conversaciones que Orsi mantuvo el 17 de julio con los líderes de todos los partidos, donde incluso se exploró la idea de construir la iniciativa «por etapas».

La oposición reacia a debatir el proyecto

Todos los partidos de la oposición derechista se han mostrado casi unánimemente en contra de la creación del ministerio. En el Partido Nacional, figuras destacadas como el exministro de Defensa Javier García han sido particularmente críticos. García sostiene desde mediados de junio que la propuesta no ofrece «garantías» debido a los «antecedentes» del Frente Amplio y del propio Jorge Díaz durante su gestión como fiscal de Corte (2012-2022).

García afirmó al diario El País que crear el ministerio «es seguir el camino contrario a la República, porque el objetivo es someter al Poder Judicial, concretamente a los jueces, al Poder Ejecutivo». Recordó la existencia de una cartera similar durante la dictadura militar con ese fin, calificando la propuesta actual como algo que «va en contra del corazón de la República» y descartando margen para el diálogo.

En el Partido Colorado, tanto el secretario general Andrés Ojeda como el senador Pedro Bordaberry se manifestaron en contra. Ojeda coincidió con García en la falta de «garantías» para un funcionamiento objetivo, pese a reconocer la «utilidad» potencial de la herramienta. Bordaberry alertó sobre el «error» de no cuidar la «separación de poderes», citando ejemplos de deficiencias en países como Argentina. Un integrante de la cúpula colorada fue categórico al afirmar al encionado medio que el margen o «chances» de negociación con el gobierno sobre este tema son «cero».

El Partido Independiente no exhibe un rechazo tan enfático, pero sus líderes, Pablo Mieres y el diputado Gerardo Sotelo, también se declararon en contra aseverando que «la actual coyuntura política» genera un cierto temor sobre «cómo se manejaría el ministerio». Creen que puede haber un «uso político» de esta instancia ministerial y que se puede emplear para «trancar» la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Cabildo Abierto se paró en la mimsa vereda: aunque no definieron aún cuál será su estrategia parlamentaria, si el proyecto llega a entrar a las Cámaras, Guido Manini Ríos adelantó la negativa a dejar que la creación del ministerio avance. «Hasta ahora lo que tenemos es un título; no sabemos qué hay detrás y si, por ejemplo, va a abarcar la gestión de las cárceles». Perrone concluyó que «uno no se puede cerrar a nada sin ver de qué se trata», dijo Álvaro Perrone, diputado de la fuerza ultraconservadora.