¿Pagan los trabajadores la crisis y el ajuste?

 

¿Quién paga el ajuste? ¿Quién paga la crisis? Con estas dos cuestiones se abrió el conversatorio organizado por SINTEP en el cual debatieron Sergio Sommaruga (Secretario General del SINTEP), Pablo Messina (Cooperativa COMUNA), Fernanda Aguirre (Dirigente del SUGHU, Secretaria de DDHH del PIT-CNT), y Gustavo González (Secretario General de FUCVAM), con la moderación de Ana María Mizrahi.

Sommaruga abrió la charla preguntando qué le está pasando a la sociedad y quién está pagando la crisis. ”Uno tiene que dialogar con la realidad y tratar de esquivar esas balas invisibles de las metralletas mediáticas que están disparando sobre los cerebros de las personas, hablar con la realidad independientemente de lo que digan los grandes medios. Y la realidad lo que dice es que en el último año tenemos 100.000 nuevos pobres que se suman a los 300.000 que ya había, y entre los que hay 30.000 que son niñas y niños; son unos 70 menores por día que pasan a estar por debajo de la línea de la pobreza”, expresó.

”¿Son esa gurisada los responsables de la crisis? no. Entonces, ¿por qué son ellos los que tienen que pagarla?”, cuestionó, y añadió: ”luego vemos la otra realidad: que los frigoríficos facturaron 300 millones de dólares, que hay un grupo del sector agroexportador que en marzo aumentaron el 25% de exportaciones con respecto al año pasado, y que en el primer trimestre vendieron 19% más que en el primer trimestre de 2020”.

Por su parte, Fernanda Aguirre, referente del sector gastronómico, habló en representación del rubro que ha sido tan golpeado por la crisis económica. “Entre los que más pagan la crisis está el sector mío, y se da un fenómeno durísimo de pérdida de puestos de trabajo en un sector en el que además hay 25.000 madres que, en su mayoría, son jefas de hogar. O sea que lo que señalaba Sergio, respecto a la cantidad de hogares con niños en situación de pobreza es tremenda y en nuestro sector lo vivimos particularmente”, inició diciendo la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT.

Remarcó que, si bien desde los gremios hotelero y gastronómico no discrepan con la reducción de los aforos en comercios, en función del cuidado de la salud pública, esto tiene un severo impacto en la sostenibilidad económica de los mismos. “Si el Estado y la ciencia determina que hay un aforo determinado y que esto da garantías de que hay un cuidado sanitario en el marco de esta pandemia, lo que corresponde hacer simultáneamente a esto es generar políticas de seguridad social que cubran esos puestos de trabajo y a los y las trabajadoras que los perdieron”, manifestó.

Pablo Messina, de la Cooperativa COMUNA, dijo que hay que separar que hay un fenómeno que nos excede, que es la pandemia, que ya por sí solo representa una crisis global, a pesar de que ya había una crisis económica internacional en ciernes y que el COVID-19 fue solamente un catalizador.

”Hay toda una serie de elementos que no son evitables, pero luego hay otro conjunto de elementos que ex profeso con medidas políticas se hicieron pagar a algunos sectores. Hay un caso que es muy claro, que es el del agro. Es un sector que tiene una ventaja porque el aislamiento social no le afecta tanto como podría ser en otros sectores”, expresó.

“El agro es un sector que tuvo un boom de precios muy importante. Recordemos que cuando surgieron los ‘autoconvocados’, en 2018, la soja estaba estaba en unos 300 dólares la tonelada y ahora está por encima de los 500 dólares, entonces se han visto beneficiados porque la demanda de alimentos no se ha visto retrotraída. Aumentan las exportaciones en volumen físico, y sin embargo vemos los salarios a la baja, entonces este es el ejemplo más claro de cómo un sector que se ve beneficiado no tuvo ni siquiera la decencia de aumentar los salarios para redistribuir un poco el costo de la crisis”, añadió.

Prosiguió analizando otros indicadores económicos pertinentes a la discusión, como por ejemplo lo poco que aumentó el déficit fiscal en el Uruguay a pesar de la pandemia, cerca del 1,6 puntos del PIB, colocándose en el entorno del 6%. Al tiempo, hay fuga de capitales equivalente a ese porcentaje, siendo los más ricos los que mueven el dinero a lugares donde les es más rentable tenerlo. “Ellos saben que el diferencial les es mejor si ponen el dinero afuera, ese es otro ejemplo de unos que hicieron más o menos plata que el año pasado pero que, independientemente de eso, pudieron sortear la crisis y encima ni siquiera están volcando parte de esos excedentes para la revitalización de la economía nuestra”, prosiguió Messina.

Por último, Gustavo González, Secretario General de FUCVAM, entiende que “el sistema capitalista viene de una crisis de 2008 donde no se puede reciclar, a pesar de que es una de las características de este sistema, su capacidad de reciclarse. Pero desde 2008, más bien aplica el ‘efecto mariposa’ que se apoya en distintos países”.

”Esto es clave porque yo veo muchos analistas que comienzan a ver la crisis a partir de la pandemia, pero en realidad el coronavirus precipita aún más una crisis que es la pandemia económica del sistema capitalista. Entonces, la pregunta acertadísima de este panel de ‘quién paga la crisis’ se responde diciendo que la pagan los trabajadores y las trabajadoras”, reflexionó.

González se abocó a pasar sobre el concepto popular del llamado ‘malla oro’, un apelativo que se acuñó a las personas más ricas y a los sectores más poderosos que no se están viendo afectados particularmente por la crisis. “¿Saben quiénes son los ‘malla oro’ de este país? apenas el 1% de la población, y tienen más del 50% del ingreso nacional. Y todos los pobres, si se juntara el dinero de todos ellos, juntan el otro 50%. Ahora, ¿esto vino por el COVID-19? ¡No! Esto ya estaba en el país instalado”, prosiguió.

El referente sindical presentó a la mesa algunos datos, como por ejemplo que todos los asentamientos irregulares del país entran en la superficie ocupada por 90 barrios privados, y aún así sobra 1.750 hectáreas de estos llamados countries. O que el sector de la construcción se está beneficiando de la legislación que les exonera de unos US$74 millones en impuestos al año.