Confederación de Cámaras Empresariales respaldan la ley de urgente consideración

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) se manifestó a favor de la ley de urgente consideración (LUC) y agradecieron al gobierno por tomar en cuenta sus «preocupaciones» que fueron incluidas en el texto.

Entre la serie de reclamos que tienen las empresas agremiadas están bajar los costos en combustibles porque «es partidaria de que el precio paridad importación debe ser precio en surtidor, eliminar sobrecostos en gasoil». Los «sobrecostos» a los que hacen alusión son las tasas de inflamables de la Intendencia de Montevideo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), además de los fideicomisos del gasoil. También piden la eliminación de la ley que obliga a mezclar biodiesel porque les encarece los costos.

Ven como «positiva» la instauración de una regla fiscal para «poner límite» a lo que consideran un «crecimiento ilimitado del gasto público» y para «evitar que la prociclidad fiscal genere atraso cambiario y afecte la competitividad de nuestra producción». El concepto «prociclidad» se usa en entornos macroeconómicos y es lo que ocurre cuando los flujos de créditos y capitales se multiplican en un contexto favorable y luego desaparecen si la situación cambia. Este fenómeno provoca espirales que resultan optimistas o pesimistas de manera excesiva, generando consecuencias exageradas.

La CCE considera que una reforma en la seguridad social es «clave» para asegurar su sostenibilidad y para «reducir la incertidumbre fiscal a largo plazo, la cual general incertidumbre para las decisiones de negocios».

Quieren «mayor control» en subsidiarias estatales

Para la CCE, las empresas subsidiarias del Estado «se han transformado en vehículos para hacer actividades no esenciales […] en muchos casos compitiendo deslealmente con empresas privadas y desplazando actividades que podrían desarrollar pequeños empresarios».

Aseguran que dichas subsidiarias «eluden controles» siguiendo «estándares de gestión de dudosa transparencia eludiendo los controles que establece la normativa del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF)».

Entienden como un «acierto» que se garantice el derecho a huelga y, al mismo tiempo, que los «no huelguistas y la dirección de las empresas» puedan acceder a sus lugares de trabajo cuando se esté realizando alguna manifestación.