UTE pretende regularizar a 60.000 hogares en los próximos diez años

Victoria Ravecca Cabrera, asesora del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, se refirió al III encuentro de Inclusión Social que se realizó los días martes 31 de julio y miércoles 1º de agosto, en el Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL, Minas, Lavalleja.

En diálogo con LARED21, Ravecca dijo a través de las políticas de inclusión UTE busca “mejorar la efectividad de las políticas sociales y energéticas orientadas a la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica”.

Agregó que ello se da “a partir de una mirada integral del proceso de inclusión social, que permite que UTE aborde la temática adoptando medidas tendientes a promover el acceso, en forma regular, al servicio eléctrico y al fomento de la cultura de pago por los servicios recibidos, a aquellos que se encuentren en situación irregular con respecto a su conexión a la red eléctrica recuperando de esta forma una cultura de derechos y obligaciones a la vez que se promueve una política de integración social”.

Dijo que se trata de una estrategia que continúa y que fruto del aprendizaje se pone en juego más instrumentos para lograr, en coordinación con los demás instrumentos del Estado “avanzar en lo que es la inclusión y la regularización de suministros de energía en un marco de compromiso empresarial de UTE con la sociedad y propender al cumplimiento de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de ‘Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos’”.

Los hogares de bajos ingresos y en especial los pertenecientes a asentamientos irregulares, tienen un acceso “muy precario” a la energía eléctrica, hecho que constituye una inequidad.

La regularización de los servicios eléctricos de los hogares, organizada a través de la participación y compromiso de sus miembros, “significa la creación de ciudadanía”.

Su incorporación al sistema, es un mecanismo de inclusión que “reduce inequidades, mejora la calidad de vida de los sectores más vulnerables e impulsa el desarrollo social”.

En siete años se regularizaron 15.415 hogares

Uno de los aspectos que destacó la asesora de la presidencia de UTE, es que desde el 2013 a mayo 2018 “se conectaron 15.415 hogares”.

De este total, 13.228 hogares se mantienen regulares, lo que implica una permanencia del 86% y comportamiento de pago del 80%, resaltó.

Para este año,  se fijó como objetivo alcanzar las 6.000 conexiones de suministros de energía a nivel país.

El plan operativo del próximo año es llegar a las 7.000 conexiones y de ahí en adelante mantener el ritmo de conexiones en ese entorno para poder abarcar la totalidad de la población objetivo, que se estima en 60.000 hogares.  De contar con los recursos humanos y económicos lograr dicho propósito tomara diez años, aseguró.

Eje estratégico inclusión social

UTE considera que la energía eléctrica constituye un “pilar fundamental en nuestro actual modo de vida”. El acceso a la misma permite una mejor calidad de vida mediante, por ejemplo, la conservación de alimentos, acondicionamiento térmico, agua caliente para la higiene personal y del hogar, iluminación adecuada para el trabajo, el estudio y la recreación y soporte para la comunicación.

El acceso al servicio de energía eléctrica en Uruguay presenta características diferenciales de acuerdo a la zona residencial y al nivel económico de los usuarios. “Los hogares de bajos ingresos y en especial los pertenecientes a asentamientos irregulares, tienen un acceso muy precario al mismo, hecho que constituye una brecha de desigualdad”.

La regularización del servicio eléctrico de los hogares a través de la participación y compromiso de sus miembros, implica “la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la capacidad de agencia”.

La incorporación de esos hogares al sistema, constituye “un mecanismo de inclusión social que reduce inequidades, mejora la calidad de vida de los sectores más vulnerables e impulsa el desarrollo social”.

El compromiso y la participación de los involucrados resultan fundamental, “pues de ello depende la sostenibilidad de la propuesta”.

Ravecca indicó que cuando se asume la factura del servicio eléctrico como una “credencial” tangible de su pertenencia al sistema, la inclusión toma cuerpo y es una forma de “recuperar la dignidad”.

La regularización del suministro eléctrico en zonas de vulnerabilidad socio económica forma parte de las “acciones que UTE viene implementando con la doble finalidad de aportar a las políticas de inclusión ciudadana y abatir las pérdidas no técnicas del organismo, en un marco de compromiso social de UTE”.

A partir de la normalización del servicio se accede a un suministro de energía eléctrica en las condiciones de calidad y seguridad adecuadas promoviéndose una “cultura de pago”.

Además de las tareas técnicas de conexión a la red, UTE implementa una serie de “talleres sobre el uso seguro y racional de la energía, asesorando a los vecinos en un consumo eficiente”.

También se instrumenta un equipo de asistencia que periódicamente se instala en el barrio para solucionar los problemas que se presenten y prestar asistencia a la comunidad. “Todo esto se hace en coordinación con la Comisión de Vecinos de cada zona en la que se interviene”, puntualizó.