Áreas Protegidas: Ley de Urgente Consideración dará potestad a productores de no acatar

El Proyecto de Ley que se remitirá al Parlamento el próximo jueves 23 de abril cuenta con 502 artículos de acuerdo a las declaraciones realizadas por el Presidente Luis Lacalle Pou. El borrador presentado en enero contaba con 457.

De acuerdo a una columna de opinión del magister en Ecología Social, Eduardo Gudynas, los dos últimos artículos de la más reciente versión del proyecto de ley plantearán severos cambios a la Ley que regula las Áreas Protegidas de Uruguay.

De ser aprobada, los sitios de conservación y paisajes protegidos sólo podrán ser designados en predios que sean propiedad del Estado, o de particulares que decidan acatar las medidas de conservación voluntariamente.

Actualmente, el equipo de trabajo de cada área protegida coordinaba con los privados comprendidos dentro de la zona de protección qué usos productivos era posible continuar por ser compatibles con la conservación y cuáles quedan restringidos, de acuerdo a la ley 17.930 de 2005 que modifica algunos aspectos de la ley 17.234 (creadora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas).

La Ley de Urgente Consideración plantea regresar a la normativa del año 2000 que presenta dos mecanismos frente a los propietarios que no deseen acatar las medidas de conservación: expropiación de los predios comprendidos en el área de protección, o invalidez de la misma en dicha porción de terreno.

 

Antecedentes

En agosto del año pasado, el intendente nacionalista del departamento de Treinta y Tres, Ramón da Silva, declaró su negativa frente a la ampliación de la zona adyacente a la Quebrada de los Cuervos. Según da Silva, esta ampliación “impedirá” la casi totalidad de la actividad económica en el lugar. “Vamos a defender el trabajo de nuestra gente y el futuro de Treinta y Tres”, afirmó, a la vez que puso en duda la legalidad de la decisión.

La ampliación del área protegida en Quebrada de los Cuervos quedó en efecto el 14 de febrero mediante decreto firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez.

Por otro lado, el nuevo director forestal del MGAP, Carlos Faroppa, ha salido en múltiples ocasiones a abogar por «condiciones de seguridad jurídica» para el sector forestal frente a las medidas frente al cambio climático.

Las medidas incluidas en la normativa por el Frente Amplio, buscaban frenar los efectos a largo plazo de utilizar suelo de interés agrícola para la forestación – delimitando más fuertemente qué tipos de suelo son adecuados para la plantación a gran escala de eucalyptus.

Según una investigación de Victor Barreta, publicada en el portal Sudestada, Faroppa fue Presidente de la Sociedad de Productores Forestales, filial de la Asociación Rural del Uruguay y fue gerente de la primer planta de UPM.