Unasev abierta a debatir valores de las multas de tránsito

Tres legisladores opositores ultiman detalles de una iniciativa parlamentaria orientada a modificar el sistema tarifario de multas de tránsito en Uruguay. El diputado colorado Conrado Rodríguez, el blanco Sebastián Andújar y el cabildante Álvaro Perrone trabajan en un texto que ingresará al Parlamento durante los próximos días, con modificaciones específicas en los montos sancionatorios establecidos actualmente.

La propuesta legislativa contempla una reducción del 50% en las infracciones por exceso de velocidad consideradas leves, aquellas donde el conductor supera el límite establecido por hasta 20 kilómetros por hora. Este tipo de sanción pasaría de 5 UR (aproximadamente $ 9.195) a 2,5 UR. El proyecto mantendría sin alteraciones las multas más severas, aquellas aplicadas por consumo de alcohol, drogas o circular al doble de la velocidad permitida, que actualmente representan 15 UR (cerca de $ 27.585).

Los impulsores identifican varios factores que consideran favorables para el avance de esta iniciativa. Entre ellos, señalan cambios en la percepción ciudadana respecto a temas vehiculares, particularmente tras los cuestionamientos surgidos por el tipo de cambio utilizado en el cálculo del valor de patentes. Además, detectan receptividad en sectores del Congreso de Intendentes, organismo cuya participación resulta determinante para concretar modificaciones en esta materia.

Posición de la Unasev es de apertura al debate

Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), manifiesta disposición para analizar la estructura actual de sanciones de tránsito. El funcionario reconoce que los valores vigentes presentan niveles elevados y afirma que viene planteando este asunto desde hace varios años. Sin embargo, establece una condición específica para considerar reducciones: vincular los montos al comportamiento documentado de los conductores.

La propuesta de Metediera se apoya en la implementación de la libreta por puntos, sistema programado para comenzar a operar durante el primer semestre de 2026. Este mecanismo asignaría 12 puntos iniciales a quienes posean licencia de conducir al momento de su puesta en marcha. Las personas que obtengan su permiso posteriormente comenzarían con 8 puntos, alcanzando los 12 tras dos años sin cometer infracciones. El sistema establece un máximo de 15 puntos, alcanzable en un período de seis años desde los 12 puntos base.

El esquema operaría mediante descuento de puntos según infracciones cometidas. Los conductores podrían recuperarlos a través de programas voluntarios o, de manera obligatoria, si llegaran a cero puntos. Las infracciones clasificadas como más graves eliminan la totalidad de puntos en una sola sanción. Metediera plantea que las reducciones económicas beneficiarían a conductores con máximo puntaje o sin infracciones durante determinado lapso, buscando «premiar al buen conductor» y generar «un efecto sobre la seguridad vial».

Contexto de siniestralidad y medidas vigentes

El presidente de Unasev contextualiza el debate recordando las cifras preliminares de fallecidos en accidentes de tránsito durante 2025, que alcanzaron 470 personas, evidenciando una tendencia al alza. Solicita que cualquier determinación considere este escenario y que el análisis se desarrolle con criterio técnico.

Metediera enumera beneficios existentes en el sistema actual. El pago de sanciones dentro de los primeros 30 días genera una reducción del 30% en el monto. Adicionalmente, el Congreso de Intendentes estableció para marzo una rebaja del 50% en multas departamentales pagadas al contado junto con la patente. Si se opta por financiamiento en cuotas, la reducción alcanza el 30%. Esta medida aplica exclusivamente a sanciones impuestas por gobiernos departamentales, excluyendo aquellas del Ministerio de Transporte o Ministerio del Interior.

Antecedentes del sistema sancionatorio

La instalación de radares fijos en Montevideo durante 2016 marcó un punto de inflexión en el control de tránsito uruguayo. El sistema se expandió posteriormente hacia otras regiones del país, generando un incremento considerable en la cantidad de sanciones aplicadas. Este cambio tecnológico instaló de manera permanente el debate sobre normativa vial e infracciones en el espacio público nacional.

Periódicamente surgen iniciativas parlamentarias orientadas a modificar aspectos del sistema sancionatorio. El proyecto actual se desarrolla en este marco de discusión recurrente, aunque sus promotores identifican elementos diferenciadores respecto a intentos previos.

Coordinación entre actores institucionales

La semana anterior, Rodríguez, Andújar y Perrone mantuvieron una reunión de coordinación para definir aspectos centrales del proyecto de ley. Establecieron consenso respecto a las infracciones que mantendrán sus valores actuales y aquellas que experimentarían reducciones. El texto completo aún presenta elementos pendientes de definición antes de su presentación formal.

Algunos intendentes del Partido Nacional han expresado públicamente su respaldo a la búsqueda de reducciones en los montos sancionatorios. Esta señal desde el nivel departamental adquiere relevancia considerando las competencias compartidas entre gobierno nacional y gobiernos locales en materia de fiscalización vial.

Elementos técnicos por resolver

El proyecto en elaboración contempla modificaciones parciales del sistema tarifario. Las multas intermedias, aquellas ubicadas entre las infracciones leves por velocidad y las sanciones máximas, permanecen en proceso de definición. Los legisladores establecieron como criterio general que ninguna reducción superará el 50% del valor actual.

La implementación de la libreta por puntos introduce una variable adicional al debate. Este sistema, previsto desde la normativa pero no operativo hasta ahora, podría modificar la lógica sancionatoria desde un enfoque punitivo económico hacia uno que combine aspectos económicos y administrativos. La pérdida de puntos hasta llegar a cero implica la inhabilitación para conducir, agregando una consecuencia más allá del impacto financiero.