El oficialismo rechaza regular armas con una nueva ley: entienden que la legislación actual basta

El senador del Frente Amplio (Fuerza Renovadora), Mario Bergara, presentó hace dos semanas ante su bancada un proyecto de ley para restringir la tenencia de armas en manos civiles, ya que según sus números, hay unas 1.200.000 armas entre legales e ilegales circulando en el país, una media de casi 1 arma por cada tres ciudadanos en el Uruguay.

Después de la comparecencia de Luis Alberto Heber en el Parlamento, Bergara cuadró su idea porque “hay 600.000 armas de fuego legales registradas y se estima otro tanto ilegales”, posicionando al país “en el quinto lugar en el mundo en cuanto a la tenencia de armas en la sociedad civil”.

Su preocupación surgió de ver las “dificultades” que tiene el Estado hoy en día para controlar la venta y circulación de armas y de que todos los días “hay noticias de tragedias que tienen que ver con el acceso fácil a las armas de fuego”.

El proyecto propone, por ejemplo, crear un Consejo Asesor Honorario’ “multiagencial y multidisciplinario” que trabajaría en coordinación con los ministerios del Interior, de Salud Pública, de Educación y Cultura y de Defensa Nacional, y estaría entrecruzado con el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Crearía y ejecutaría el Plan Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica en todos los niveles de educación pública para educar por la paz y contra la violencia.

Por otro lado, esta ley habilitaría a la Justicia a incautar armas que estén en poder de hombres que hayan sido procesados por casos de violencia de género, algo que sería novedoso y que actualmente no se puede hacer. Para Bergara, esto es de particular importancia porque 98% de los dueños de armas son hombres, según datos del propio Ministerio del Interior.

Entre otras medidas concretas, Bergara señaló que proponen “la reducción de plazos de tenencia, que hoy son cinco años, bajarlo a tres”, además de que se restrinja “el tipo de armas que se pueda tener”, así como la cantidad.

La coalición multicolor rechaza la idea

El senador por el Partido Nacional, Carlos Camy, cuestionó las cifras de 1,2 millones de armas circulantes presentadas por Bergara. “¿Cómo sabe Bergara que esa es la cifra? Puede que lo sea, pero también puede ser que sean 100.000”, dijo el legislador oficialista.

Para Camy, la actual legislación -que data de 2014 y reglamentada por decreto en 2016- es suficiente y remarcó que fue aprobada durante un gobierno del Frente Amplio. El decreto ejecutivo mencionado por el senador fue modificado durante la actual administración de Luis Lacalle Pou, lo que derivó en la triplicación de permisos de tenencia de armas de unos 2.500 a poco más de 7.500 por año, según escribe el diario El País.

También se opone a una regulación más estricta el partido Cabildo Abierto. Su líder y senador, Guillermo Domenech, cree que la idea tiene como fin “desarmar a la población civil” y dice que “en el medio rural son hasta necesarias para eliminar plagas”.

“Creo que ya tenemos una legislación que dificulta la tenencia de armas, y no encuentro motivos para aumentar el nivel de exigencias”, argumentó el legislador ultraderechista.

Casos en el mundo

El también senador cabildante, Raúl Lozano, asegura que los números presentados por Bergara incluyen a las que están en manos de la Policía y el Ejército, y cuestionó los datos sobre el mercado ilegal. Al igual que Domenech, ve como “adecuada” la legislación vigente y esgrimió que “los únicos países en los que la población está desarmada son Cuba y Venezuela, al menos que yo sepa”.

Este último dato presentado por Lozano es mayormente falso: en España, por ejemplo, solamente pueden tener armas miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas y, en casos muy especiales, efectivos de servicios de vigilancia, cazadores y tiradores deportivos. Para la sociedad civil es virtualmente imposible tener una pistola en casa a menos que cumpla con un largo rosario de requisitos y restricciones para demostrar que le es indispensable para defensa personal.

En Japón también hay una dura legislación y las muertes por armas de fuego están prácticamente erradicadas: su legislación -redactada en 1958- lee textualmente que “ninguna persona poseerá un arma o armas de fuego, o espada o espadas”. De manera que se parte desde la presunción de que nadie puede tener armas y, de ahí, empiezan a trabajar las excepciones en cuanto a quiénes pueden portarlas.

Reino Unido, Canadá, Australia y Escocia son otros países donde tener armas de fuego para uso civil son sumamente difíciles de tener, después de que hubo sangriento tiroteos décadas atrás. En Australia, una masacre en abril de 1996, en que un pistolero abrió fuego contra un grupo de turistas en Tasmania, dejó 35 muertos y 23 heridos, y eso provocó un cambio histórico en la legislación que bajó 59% los asesinatos con arma y 65% los suicidios con el mismo artefacto. También redujo a solo 11 la cantidad de tiroteos desde entonces hasta la fecha, mientras que en el otro extremo, Estados Unidos presenta hasta 700 eventos de este tipo por año.