CÁRCELES

Comité de ONU contra la Tortura advierte que en 2021 aumentaron 79% las muertes en cárceles uruguayas

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura expresó preocupación por el incremento de las muertes registradas en las cárceles uruguayas que en 2021 fue de un 79%, y emplaza a Uruguay a continuar avanzando en la mejora de las condiciones de reclusión y reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

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El Comité de la ONU contra la Tortura -compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura-, entregó este viernes 13 de mayo las conclusiones del cuarto informe periódico sobre Uruguay, y reconoció el diálogo constructivo.

A través de su informe, el Comité valora que Uruguay haya ratificado o se haya adherido a todos los instrumentos fundamentales de derechos humanos y sus protocolos facultativos, y celebró la adopción de diversas medidas legislativas, aunque insta al país a tipificar el delito de tortura de acuerdo con el artículo 1 de la Convención.

Derechos

El Comité expresa que Uruguay ha de adoptar “medidas eficaces que garanticen que todos los detenidos gocen, en la ley y en la práctica, de todas las salvaguardias fundamentales contempladas por las normas internacionales, desde el primer momento en que se vean privados de su libertad”, detalló las Naciones Unidas.

En tal sentido el Comité se refiere a los derechos de los privados de libertad a: ser asistidos sin demora por un abogado; a requerir y tener acceso inmediato a un médico independiente y, de ser posible, de su elección, aparte de cualquier examen médico que pueda realizarse a petición de las autoridades; a ser informados de las razones de su detención y de la naturaleza de los cargos que se les imputan en un idioma que comprendan; a que se registre su detención; e informar con prontitud de su detención a un familiar o a un tercero, y a ser llevados ante un juez sin demora”.

Por otro lado, se expresa que Uruguay deberá “garantizar la grabación audiovisual de los interrogatorios que se realicen a las personas privadas de libertad, almacenar esas grabaciones, y que estén a disposición de investigadores, detenidos y abogados”.

En cuanto al uso de la fuerza, el Comité plantea la necesidad de adoptar “medidas legislativas y de otra índole que garanticen que cualquier empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y acate los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad”.

Insta a Uruguay a “velar por la apertura de investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por agentes del orden y seguridad pública, y garantizar que se enjuicie a los presuntos autores”.

También pide que a las personas declaradas culpables, se les impongan penas “acordes con la gravedad de sus actos” y que se indemnice adecuadamente a las víctimas.

Se plantea que todos los agentes del orden reciban capacitación sobre el uso de la fuerza.

Aumentan muertes en custodia

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura expresó su “preocupación” por el incremento en el número de muertes registradas en las cárceles uruguayas, que fue de un 79% en 2021.

Se indica que un número muy alto de muertes ha sido por “falta de asistencia y tratamiento médico en personas con problemas de salud mental”, por lo cual solicita investigar de forma “imparcial por un órgano independiente todos los fallecimientos durante la privación de libertad”.

Mejorar condiciones de reclusión

En otro orden, el organismo expresa en su informe que Uruguay debe “continuar avanzando en la mejora de las condiciones de reclusión y reducir la sobreocupación en los establecimientos penitenciarios”.

Asegura que para lograrlo se deberían aplicar medidas que “no comporten la privación de libertad y garantizar el respeto de los plazos límite establecidos para la imposición de la detención preventiva”.

Plantea adoptar medidas “urgentes” para corregir las deficiencias en los centros penitenciarios, especialmente en: “el suministro de agua en las celdas, falta de camas, problemas de calefacción e iluminación y el mal estado de las instalaciones eléctricas”.

A la vez, se deberán permitir las actividades al aire libre, como el ejercicio físico, rehabilitación y psicosociales. En todos los centros de prevención de libertad se deberá garantizar la estricta separación entre reclusos preventivos y condenados.

Violencia de género

Asimismo, plantea que el Estado “debe velar por que todos los casos de violencia de género, especialmente aquellos en que haya habido acciones u omisiones de autoridades u otras entidades que den lugar a la responsabilidad internacional del Estado con arreglo a la Convención”.

“También se ha de garantizar que las víctimas de la violencia de género reciban la atención médica, el apoyo psicológico y la asistencia jurídica que necesitan, incluido el acceso a refugios adecuados”, se indica en el informe.

Tortura

Por otra parte, en el informe se indica que Uruguay, en virtud del artículo 14 de la Convención, “está obligada a garantizar a las víctimas de tortura una reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada”.

En tal sentido, Uruguay deberá “recopilar de forma sistemática la información relativa a medidas de reparación otorgadas por los tribunales nacionales a víctimas de torturas y malos tratos y respecto de la ejecución de dichas medidas”.

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