Policía se equivocó de casa en allanamiento en Maldonado y jueza declaró que fue ilegal

La policía deberá devolver todos los objetos incautados en un fallido allanamiento en el cual los efectivos de seguridad se equivocaron de casa, hecho que ocurrió el pasado 30 de enero de acuerdo a información divulgada por el diario El País en base al expediente al que habría tenido acceso.

La jueza de Maldonado, Anabel Saravia, dictaminó el 8 de febrero en audiencia que fue ilegal el allanamiento que se llevó a cabo en una vivienda equivocada, acción enmarcada en la “Operación Cazador” llevada adelante en los asentamientos “Los Eucaliptus” y “Nueva Esperanza”, ubicados en la periferia de la ciudad de Maldonado. En el mismo operativo se allanaron otras residencias y se condenó a tres individuos por tráfico de drogas y de armas.

El hecho

Según dijo en la audiencia el abogado de la familia afectada, Rafael Silva, sus defendidos vieron cómo los efectivos ingresaron a su casa “sin orden de allanamiento” y, en base a eso, exigió la nulidad y la devolución de lo incautado.

“Acá se materializó un ingreso en forma ilegal en el domicilio de mis representados”, aseguró el letrado, quien denunció además que la policía habría hecho que el dueño de la casa firmara el acta de incautación sin darle la posibilidad de leer lo que la Justicia había indicado.

En este procedimiento, prosiguió Silva, “se han violentado” todas las garantías procesales y constitucionales establecidas en la Constitución de la República, el Código de Proceso Penal (CPP) y la Ley de Procedimiento Policial, así como todos los derechos que consagra el Pacto de San José de Costa Rica.

“Ese pedido se debe a que los bienes se encuentran incautados en la Brigada de Estupefacientes, que cuenta con una denuncia en curso respecto de los funcionarios actuantes, por lo que se debería velar por exponer nuevamente a mis defendidos a una situación que vulnere sus derechos”, expresó Silva en la audiencia.

 

La jueza Saravia, a pesar de no haber estado del todo de acuerdo con Silva, dispuso que la casa de la familia en cuestión “no se condice” con el domicilio establecido en la orden de allanamiento autorizada por la Justicia.