Legisladoras del FA denuncian ante la INDDHH al Instituto de la Mujer

Panini, argentina de 43 años y madre de un adolescente, era buscada por la Interpol tras desaparecer cuando se dirigía a denunciar a su ex pareja por violencia de género. Luego de más de una semana fue encontrada en buen estado de salud en la casa de una amiga, en la provincia de Córdoba.

Tras los hechos, INMUJERES realizó una serie de puntualizaciones sobre el rol de la institución y sus servicios de atención respecto al caso.

“Andrea fue usuaria de nuestros servicios, a los que acudió en 2018 en Rocha y luego la seguimos acompañando desde el servicio de Ciudad de la Costa. Desde entonces, siempre fue acompañada con el mayor compromiso y dedicación”, aseguró la institución.

Asimismo, INMUJERES expresó que desde el mismo día de su desaparición, el Servicio de Respuesta en Violencia de Género de INMUJERES “se puso a disposición de la Fiscalía para apoyar en lo que fuera necesario, pero siempre entendiendo que el rol de búsqueda e investigación es de la Fiscalía y de la Policía”.

Asimismo, el organismo indicó que “en ningún momento ningún familiar de Andrea solicitó entrevista a INMUJERES”.

“Desde el instituto tampoco se consideró que correspondiera salir públicamente a comentar el tema, porque su cometido es preservar la intimidad y confidencialidad de las usuarias y usuarios, también atendemos a varones, y porque se puede poner en riesgo su seguridad en una situación como esta”, remarcó INMUJERES.

La directora de INMUJERES, Mónica Bottero, estuvo en contacto con Fiscalía y el Ministerio del Interior “interesándose por la situación y, una vez que tuvo el contacto, se comunicó también con la hermana de Andrea Panini, que reside en Argentina”.

“Esta administración ha expresado y mostrado un fuerte compromiso con la prevención y respuesta a la violencia de género. Por tanto, considera que la extrema delicadeza con que deben manejarse estos casos y la alta sensibilidad que generan en la opinión pública merece prudencia, tanto por respeto a la ciudadanía como por la protección de las propias usuarias”, expresó INMUJERES.

Denuncia

A raíz del comunicado de INMUJERES, publicado en redes sociales, la diputada Micaela Melgar informó que junto a legisladoras frenteamplistas presentaron una denuncia ante la INDDHH “sobre la publicación y el uso del historial de atención de una víctima de violencia basada en género, por parte del INMUJERES”.

Melgar asegura que en la publicación el instituto rector de las políticas de género “atenta contra la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, donde quedan reconocidos por Ley los derechos específicos de las víctimas”. Entre ellos se establecen el “respeto a la intimidad y a la confidencialidad”.

“También se viola el Protocolo de Actuación de la Red de Servicios de Atención a la Violencia basada en Género, donde se explicita que la atención que se brinda a las víctimas es confidencial”, expresó la legisladora frenteamplista.

Agregó que según la Ley de Protección de Datos Personales, “los datos objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”. Por lo cual, los datos obtenidos con el fin de atender y prevenir situaciones de violencia “no deben ser utilizados para informar sobre el accionar del INMUJERES o de cualquier otra institución”.

Dijo que “en Uruguay existe una definición jurídica de violencia institucional contra las mujeres que corresponde al accionar del Instituto”. Además, “erosionó la legitimidad de la institución frente a otras posibles víctimas que vean su confidencialidad en riesgo”.

Melgar cuestionó que la “revictimización es lo que emerge de la relación con los servicios de atención, por ejemplo cuando la víctima tiene que someterse a situaciones que agravan su daño causado por la exposición. Este es un caso evidente”; y aseguró que hay normativa internacional que ampara la denuncia.