Familiares de personas con discapacidad denuncian al Estado ante la INDHH por discriminación

Goldaracena representa a familiares de fallecidos y de personas internadas en el Hogar Sarandí, una institución perteneciente a la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, la cual brinda atención integral a personas en situación de discapacidad severa, intelectual o física.

A principios del 2021 prestaba asistencia a 42 personas internadas (durante las 24 horas del día, los 365 días del año) y brindaba atención diurna (sin internación permanente) a 15 personas.

Discriminación

Goldaracena expresa en su escrito que el Hogar Sarandí y las personas discapacitadas internadas y atendidas por la institución fueron objeto de “discriminación”, de parte de las autoridades sanitarias del Estado en la vacunación contra el COVID-19.

“El retraso en el suministro de la vacuna, que debió haberse aplicado en marzo de 2021 y que se postergó arbitraria e injustificadamente por más de un mes, fue determinante para impedir o minimizar el impacto del brote de coronavirus que causó, hasta el momento, la injusta y evitable muerte de cinco personas y el contagio generalizado de internos y personal de la institución”, expresa Goldaracena.

El abogado asegura que “también se incumplieron normas jurídicas matrices que consagran y garantizan derechos humanos de las personas con discapacidad y que, de haberse respetado y adecuado la conducta estatal conforme a ellas, se hubiera impedido el lamentable desenlace de los hechos”.

El abogado patrocinante manifestó que la denuncia tiene por objeto que la INDDHH intervenga para que “la conducta del Estado se ajuste al mandato de las normas y principios que consagran y garantizan los derechos humanos de las personas con discapacidad en materia de salud y los derechos de las instituciones que los cuidan, en el marco de la pandemia y de los planes de vacunación, sin discriminación; todo sin perjuicio de que se declare la responsabilidad del Estado en los hechos acaecidos”.

Los hechos

En el escrito también se detalla que el 25 de enero de 2021, la dirección técnica del Hogar Sarandí recibió comunicación de la Dirección Departamental de Salud de Colonia del MSP, bajo la referencia “Plan Estratégico Vacunación Establecimientos de Larga Estadía Para Personas Mayores (ELEPEM)”.

La primera dosis de la vacunación se llevaría a cabo a mediados de marzo en una sola jornada, juntamente con el resto de los establecimientos de “larga estadía” de Colonia.

El 19 de marzo de 2021, la dirección técnica del Hogar Sarandí recibió comunicación vía mail de la Dirección Departamental de Salud Colonia del MSP, por el cual se le comunicó que el hogar “no sería incluido en el plan de vacunación de las ‘residenciales’ o casas de salud, lo que implicaba, en los hechos, la postergación de su vacunación”.

“Se le habría informado telefónicamente que debía anotarse como establecimiento de salud mental y debía remitir nuevos formularios. No se habrían dado justificaciones creíbles por parte de los organismos estatales de salud; por ejemplo, se les habría dicho que ‘no se disponía de personal para la vacunación’, cuando la propia institución contaba con funcionarios capacitados que podían afectarse a la jornada de vacunación y así se les habría hecho saber a las autoridades. Tal lo informado por la directora del Hogar Sarandí”, detalla Golraracena.

Sin embargo, la expansión de la epidemia en el departamento de Colonia, “el injustificado cambio de planes, la demora en la vacunación y la alta vulnerabilidad de los pacientes”, motivó que la situación fuera denunciada públicamente a los medios por la directora del Hogar Alma Malán, el 14 de abril de 2021.

Ello determinó que las autoridades sanitarias anunciaron que la vacunación de la primera dosis en el Hogar Sarandí se llevaría a cabo el 19 de abril de 2021, en una sola jornada. Es así que se procedió a vacunar ese día. “Se vacunó con SINOVAC cuando se había establecido que la vacuna para mayores de 70 años debía ser la Pfizer”.

Sin embargo, el mismo día 19 de abril de 2021 se reportó un primer caso positivo de COVID-19. Dos días más tarde ya habría habido más de 20 casos positivos.

El 26 de abril la dirección del Hogar anunciaba a las familias que todos los residentes fueron hisopados y eran son todos positivos. Ese mismo día falleció la primera víctima.

Contrajeron COVID-19 todas las personas internadas, salvo una, y todo el personal de salud, enfermeras, nurse e incluso la propia directora.

“La vacuna había llegado tarde. Todos estaban contagiados cuando los vacunaron. Fallecieron cinco personas que estaban internadas”, sentenció el jurista.

Los fallecidos fueron: Lidia Armand Ugón, de 75 años de edad; Nicolás Novales Negrín, 52 años; Verónica Vila, 28 años; Norma Jinno Castoriano, 87 años y María José Goyeneche de 38 años.

Muertes evitables

“Hubo decisiones de las autoridades que violaron derechos humanos de un sector vulnerable de la población, ocasionando muertes que podrían haberse evitado. Fue un hecho gravísimo”, remarcó Golraracena.

Remarcó que el Hogar Sarandí estaba en la lista de los establecimientos que habían sido priorizados para vacunación, pero luego se le suprimió de dicho grupo. “Por esta decisión la vacunación llegó tarde, cuando ya había contagio generalizado, lo que causó la muerte injusta de cinco personas”.

“Si se hubiese vacunado en el Hogar El Sarandí, tal como se había definido en una primera instancia, es decir si se hubiera vacunado a mediados de marzo, muy probablemente se hubiera evitado la situación de contagios de abril y, consecuentemente, también se podía haber evitado la muerte de los pacientes”, recalcó.

Incumplimiento de deberes jurídicos del Estado

Agregó: “Aún sin considerar la demora del Estado en la adquisición de las vacunas para toda la población del país, la conducta de las autoridades sanitarias incumplió deberes jurídicos del Estado que dimanan de normas y principios que consagran derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad”.

Remarca que “el Estado está jurídicamente obligado a adoptar medidas de prevención para la expansión del COVID-19, las cuales deben tener especial énfasis en las personas discapacitadas por su mayor vulnerabilidad”.

En el escrito se pide que, considerando las obligaciones del Estado en relación con los derechos humanos de todos sectores de población con salud vulnerable (incluyendo pero trascendiendo a las personas con discapacidad), “se observe al Estado (Ministerio de Salud Pública y Poder Ejecutivo) por la violación de derechos humanos incurrida y por su responsabilidad en los hechos denunciados; y se le llame con ‘énfasis’ a adoptar medidas pertinentes, efectivas e ‘inmediatas’, ‘hasta el máximo de los recursos disponibles’, para que no repita prácticas, conductas y respuestas tardías en los planes de vacunación y en la contención de la pandemia, con el fin de que no haya que lamentar más muertes evitables en ningún sector de la población”.