TENENCIA COMPARTIDA

Organizaciones sociales alertan sobre contenido regresivo de proyectos de Ley de tenencia compartida

El Comité de los Derechos del Niño, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro Cuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista expresaron profunda preocupación ante el “contenido regresivo” en términos de garantía de derechos, de dos proyectos de Ley a estudio del Parlamento, referidos a la tenencia compartida responsable y corresponsabilidad en la crianza de los menores de edad.

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Distintas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron sobre el contenido del proyecto de “Corresponsbilidad en la crianza” presentado por el Partido Nacional, y de “Tenencia compartida responsable” de Cabildo Abierto.

Ambos proyectos prevén que, en caso de que no vivan de consuno, la tenencia compartida entre padre y madre será preceptiva.

En tal sentido, las organizaciones sociales consideran que las dos propuestas legislan sobre la corresponsabilidad en los cuidados y tenencia compartida o alternada, temas ya resueltos por nuestro derecho en consonancia con los estándares internacionales, “sin que existan o se hayan efectuado análisis, estudios o investigaciones que den cuenta de resoluciones sesgadas o de aplicación inadecuada de la normativa garantista vigente, en acuerdo con los estándares internacionales y ante los cuales no se conocen investigaciones o estudios que evidencien un funcionamiento o aplicación inadecuada que ameriten un cambio”.

Por tal motivo, aseguran que las propuestas “modificarían negativamente la situaciones actuales, pretendiendo igualar las diversas realidades familiares al establecer de antemano una solución reglada en todos los casos”.

Así presentadas, “desconocen la circunstancias particulares de cada familia como también la opinión y la voluntad de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su grado de desarrollo, al igualar distintas situaciones prescindiendo de sus particularidades, sobre todo sin orientar las medidas para asegurar el mejor bienestar y desarrollo de la niñez y adolescencia afectadas por el conflicto”.

Asimismo, indican que ambas propuestas “violan convenios internacionales que Uruguay ha ratificado y está obligado a cumplir, especialmente en relación a los principios orientadores de la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior y la autonomía progresiva, el derecho a ser oído, todos ellos establecidos en nuestra normativa vigente”.

Las organizaciones de la sociedad civil alertan que de prosperar estas iniciativas, “el Estado uruguayo no garantizará la protección integral de niñas, niños y adolescentes en su entorno familiar, especialmente ante posibles situaciones de violencias y abuso, al habilitar regímenes de visitas provisorios aun cuando existan denuncias en trámites contra alguno de los padres, por violencia o alguna otra circunstancia, vulnerando así el principio general de precaución que debe ser priorizado siempre en estos casos”.

“Por los argumentos expuestos, mantenemos la expectativa que, a nivel parlamentario, resulten consideradas nuestras apreciaciones, sumada a la de diversos colectivos académicos, sociales e institucionales y se desestimen categóricamente ambas propuestas”, expresan en un comunicado.

Proyectos regresivos

En tal sentido, la integrante de la Intersocial Feminista de Uruguay Andrea Tuana dijo a LARED21 que la mayor preocupación es cuando se propone una tenencia compartida “impuesta e indiscriminada”.

“La tenencia compartida y la corresponsabilidad en los cuidados es una forma de organización de la vida familiar y de los niños y niñas que puede ser muy buena para muchos menores de padres separados, siempre y cuando esa tenencia compartida sea de común acuerdo y ambos padres estén unidos para mirar por el mejor interés de sus hijos”, expresó.

Agregó que ese escenario es muy bueno, pero ya existe porque la legislación lo permite y lo promueve.

Tuana remarcó que el problema se presenta cuando se está ante la presencia de ex cónyuges con un nivel de conflictividad enorme, que no pueden sostener un diálogo básico para ponerse de acuerdo sobre el cuidado y seguridad de sus hijos, y en estos casos la tenencia compartida puede ser un desastre.

Expresó que lo fundamental es pensar en los derechos de los niños y de las niñas, por lo cual calificó a ambos proyectos como “regresivos” ya que en los últimos tiempos la legislación ha avanzado en proteger y garantizar los derechos de los menores.

“Si se quiere anteponer la satisfacción o los derechos de los adultos sometiendo a los menores a ser un objeto que se parte equitativamente, para que ambos progenitores se queden contentos, entonces es algo reprobable”, manifestó.

La activista contra las violencias de género, doméstica y sexual hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres, indicó que los padres o las madres que quieren hacerse cargo de sus hijos “tienen que tener todas las posibilidades para hacerlo y ello ya está garantizado en el Código de la Niñez y Adolescencia”.

Agregó que la mayoría de las parejas que se separan resuelven amistosamente y sin necesidad de un juez, cómo van a hacer la crianza. Lo deciden sin la necesidad de ninguna imposición.

Cuando los casos llegan a los juzgados, es porque existen situaciones de violencia encubierta que no ha sido denunciada o algún tipo de violencia difícil de comprobar, es decir existen situaciones de alta conflictividad. “En tales casos dejamos de hablar de los derechos de los padres o madres y tenemos que mirar por el bien superior de los niños y niñas que están inmersos en esas situaciones”.

Aseguró que la Intersocial Feminista no reivindica que la tenencia la tengan las madres. “Hace tiempo venimos abogando para exista corresponsabilidad para que no sean las mujeres las que quedan a cargo de sus hijos e hijas cada vez que hay un divorcio o una separación”.

“Hemos denunciado que existe un 70% de varones deudores de pensión alimenticia, que hay muchos hogares monoparentales cuya jefatura es femenina, queremos revertir esas situaciones y que los hijos e hijas sean corresponsabilidad de los progenitores, subrayó.

Tuana dijo que no se puede caminar hacia esa aspiración destruyendo a los niños y ese es el riego que suponen ambos proyectos de Ley, que no escuchan a los niños.

Aclaró que en la actualidad, cuando hay un juicio de familia, existe un juez que mira la situación, un equipo técnico que interviene realizando informes de cada progenitor o de la familia ampliada, y un abogado defensor de los niños que intenta comprender la situación.

“No estamos hablando de un estado de derecho que ‘al golpe de grito’ le da la tenencia a la madre y lesiona los derechos de los padres. Estamos en un estado de derecho que pone una cantidad de herramientas para garantizar la voz de los niños y el interés superior de los menores. Pero estos proyectos de ley barren con todo eso”, sentenció.

Las organizaciones sociales aguardan poder comparecer ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, cuando se retomen las actividades que hoy están suspendidas por la emergencia sanitaria. Además, solicitaron una entrevista con la vicepresidenta  de la República, Beatriz Argimón para poder expresarle su preocupación y puntos de vista.

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