Empezó la vacunación contra el COVID-19. ¿Qué dice el consentimiento que hay que firmar?

Este lunes a las 8 de la mañana en punto arrancó la campaña de vacunación en el Uruguay, después de semanas de demoras y incertidumbre. El gobierno está aplicando la vacuna de origen chino Sinovac a personal de educación, INAU, bomberos, policías y militares, que conforman los grupos prioritarios para esta primera etapa.

En total son 90 los vacunatorios que abrieron desde esta mañana cuando se acerca el primer aniversario de la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, a mediado de marzo de 2020.

El fin de semana las dosis fueron entregadas en camionetas de encomiendas de la empresa DAC, cuyos trayectos hasta los lugares de vacunación en los 19 departamentos fueron fuertemente custodiados por la policía nacional, la caminera y el ejército.

Al cierre de la primera jornada, el gobierno pretende haber alcanzado con su primer shot a 20.000 personas, pero el Ministerio de Salud Pública espera poder llevar la cifra diaria a 30.000, según dijeron fuentes al diario El País.

Si todo se mantiene como lo proyectado, a este paso podrían estar cubriendo a todos los trabajadores esenciales antes del 15 de marzo. El gobierno definió que el primer lote de 192.000 unidades serán aplicados en su totalidad ya que tienen «seguridad» desde las farmacéuticas con las que se tiene contrato que el resto de dosis llegarán a tiempo para no frenar la campaña.

Consentimiento firmado

Toda persona que se quiera poner la vacuna, que será voluntaria, deberá firmar un documento llamado «acuerdo de vacunación voluntaria y gratuita COVID-19″, sin el cual no podrá ser receptor de la inoculación.

En el documento se establece que el Estado está ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de vacunarse de forma totalmente libre, y que en ningún caso será obligatorio recibirla. En tal caso, cada persona que decida hacerlo, «sujeto al cumplimiento del plan de vacunación que contempla un proceso escalonado, y priorizando los grupos de personas más expuestas y los que tienen mayor riesgo de afectación para su vida y salud en caso de contraer la enfermedad».

Legalmente, lo que establece es que «cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza» que sea iniciado por el receptor de la vacuna, ya sea contra el fabricante o conta el Estado, por alguna afectación a la salud que pueda surgir de la recepción de la inoculación, solamente podrá ser llevado a cabo únicamente en tribunales dentro del territorio uruguayo, excluyendo la posibilidad de juicios en el extranjero.