Los vecinos de Punta Rubia nos dirigimos al señor ministro del Interior, Jorge Larrañaga en razón de los hechos acontecidos el pasado lunes 9 de noviembre. Los vecinos deseamos conocer de primera mano los motivos de tal despliegue de efectivos por aire y por tierra, comprender el trato recibido, los perjuicios ocasionados y los justificativos esgrimidos por autoridades de ese ministerio ante medios de comunicación.
Como habitantes del balneario, la mayoría desde hace muchos años, personas de trabajo, conocidas en el medio consideramos imprescindible, antes de tomar cualquier decisión, solicitarle respuestas a una serie de interrogantes que nos planteamos.
– En primer término, se ha dicho que ese impactante operativo de saturación tuvo lugar en base a denuncias de vecinos, debido a múltiples hurtos ocurridos en la zona, dando a entender que en Punta Rubia y Santa Isabel se ocultan delincuentes. Los relatos trasladados por las autoridades y reproducidos por los medios mencionan “narcotráfico”, “robos”, “hurtos”, “ocultamiento”, lo que despierta nuestra indignación al considerar que tras esa narración recae un prejuicio infundado y estigma sobre nuestra comunidad. Señor ministro: ¿Luego del procedimiento se encontraron efectos hurtados en los domicilios allanados? ¿Surgieron de esos allanamientos los objetos o bienes que según la autoridad policial fueron denunciados? Entendemos que no.
– Fuimos invadidos por un centenar de efectivos que utilizaron un procedimiento de cuestionable legalidad, de acuerdo a consultas que hemos realizado con profesionales. Si bien es cierto que se solicitó una firma de una autorización para que nuestras casas fueran allanadas, las mismas se otorgaron ante la intimidante presencia de policías armados, que ya habían inspeccionado el terreno y aconsejaban firmarla como prueba de que no teníamos nada que ocultar en nuestras casas. Le queremos preguntar, respetuosamente señor ministro, usted que es hombre de Derecho, ¿Cuál considera que es el fundamento constitucional y legal para tales autorizaciones así obtenidas, que se llamaron “voluntarias” por los policías actuantes?
– Los medios de comunicación fueron informados del mismo en la mañana del lunes, en el mismo momento que se iniciaba el operativo. No faltaron las cámaras.
– Otra situación inquietante cuyo fundamento legal queremos determinar, fue la detención en Comisaría de personas que no tenían aún la residencia legal en el país. En particular una señora brasileña que permaneció detenida con sus hijos pequeños. Esa señora reside en Punta Rubia, una persona intachable. No se permitió que retiráramos a los niños de Comisaría, lo que generó verdadera angustia, angustia que persiste aún en los niños de esa familia que desde el lunes sufren pesadillas y miedo dentro de su propio hogar. En esos casos intervino Migraciones, también Interpol, según tenemos entendido. Pensamos que no se trataba de un arresto migratorio, puesto que nuestro país no lo practica. Pero lo cierto es que esa retención prolongada en Comisaría se podría tomar como un arresto ilegal y es en este punto que necesitamos conocer el fundamento de derecho utilizado para detener a quienes no tenían la documentación acreditante de residencia legal, como también los datos que se registraron de fotos de documentos y de averiguaciones de teléfonos celulares, para donde fueron? Dentro del marco de que objetivo policial están esos datos?
– Otro caso que nos preocupa es el ingreso a la vivienda de una familia muy apreciada de uruguayos, donde el allanamiento se realizó sin presencia de un mayor de edad, ya que en ese momento en el lugar se encontraba solamente una niña de 16 años. Este hecho ha generado mucha angustia por el impacto que esto significa para los niños de esta familia.
– Nuestra inquietud inicial es saber por qué fuimos sorprendidos a primera hora de la mañana con una multitud de policías rodeando nuestras casas, con helicópteros sobrevolando, por qué no fuimos advertidos, por qué los funcionarios actuantes no se identificaron con nombre y apellido, por qué no se respetó la presunción de inocencia, ya que el trato puede haber sido formalmente correcto en la mayoría de los casos, pero realmente nos sentimos siempre bajo sospecha. Los registros exhaustivos de las viviendas son la prueba más clara de que allí buscaban delincuentes, objetos robados, estupefacientes.
– Suponemos que se nos contestará que esos operativos de “saturación” son por naturaleza sorpresivos para evitar fugas u ocultamientos. Entonces la pregunta que, con el mayor respeto le queremos formular, es si merecíamos ese trato, si previamente hubo alguna tarea de inteligencia, informes fundados que les indicaran la existencia de vecinos y vecinas peligrosas, de armas o estupefacientes.
Lo que planteamos son interrogantes, que esperamos nos responda alguna autoridad, porque son incontables las situaciones humillantes y las arbitrariedades que hemos sufrido, sin que nos quede claro el fundamento. No solo los fundamentos legales de tales acciones, sino también los motivos que movilizaron semejante operativo y el riesgo al que hemos estado expuestos al invadir nuestras casas y registrar nuestros bienes en grupos de 25 a 30 efectivos que ingresaron sin respetar medidas sanitarias considerando que cursamos una pandemia.
Esperamos que el ministerio del Interior abra una instancia de información, para que las autoridades reciban lo que la sociedad civil ha sentido y sufrido en estos días. También ponemos a disposición nuestra mejor voluntad para presentarnos, abrir nuestras puertas en forma genuinamente voluntaria, poner a disposición nuestras historias de vida y los motivos que nos han impulsado a tomar la decisión de vivir en Punta Rubia y en Santa Isabel, a través de un diálogo sano y constructivo, que seguramente ayude a derribar prejuicios.
Quedamos a la espera de su respuesta y desde ya muchas gracias.
Familias de vecinos residentes en Punta Rubia.
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