208 geriátricos están en «situación crítica», dice el gobierno

Este domingo, el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado habló en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, para dar los últimos datos disponibles sobre el avance de la pandemia del coronavirus en el Uruguay.

Según dijo, el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) confirmó hasta ayer 606 casos de COVID-19 en todo el país, 12 nuevos positivos. 375 personas se han recuperado y se confirmó un nuevo deceso, por lo que llega a 15 la cifra de fallecidos. Un total de 10 personas permanecen en cuidados intensivos.

Los departamentos con casos confirmados hasta ahora son: Canelones,
Colonia, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto y San
José.

Delgado habló especialmente de la situación de los hogares para ancianos, muchos de los cuales están en situación irregular: explicó que, a finales de marzo, estaban habilitados solo 41 de lo 1.208 residenciales registrados y que 10 iniciaron los trámites para renovación de permisos del Ministerio de Salud Pública. Unos 15.000 adultos mayores viven en estos residenciales registrados y, además, hay una cantidad importante de casas informales donde residen ancianos. Según datos oficiales, hay 208 residenciales en situación crítica y 110 no cumplen con todas las condiciones en cuanto al respeto a los derechos humanos.

Fiscalización y monitoreo

Delgado, quien se hizo acompañar el domingo con  el ministro de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas; el titular de Desarrollo Social (Mides), Pablo Bartol, y el presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, adelantó que el gobierno iniciará un proceso de «monitoreo» e «intervención permanente» para todos los centros de adultos mayores.

Para esto, todos los prestadores de salud, público y privados, realizarán pruebas a trabajadores y residentes de estos centros. Si se detecta un caso de coronavirus, lo atenderá el prestador al que le corresponda y, si no cuenta con uno, ASSE se encargará del tratamiento, adelantó el secretario de Presidencia.

Se llevarán a cabo testeos e hisopados a todos los residentes y funcionarios de estos lugares. 

También se estudiará la responsabilidad penal de los dueños de residenciales que estén en situación irregular.