COFE recurrirá el decreto antipiquete de Vázquez

El decreto del Poder Ejecutivo que establece que el Ministerio del Interior dispondrá de medidas para “preservar el uso público de calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos” despertó gran controversia dentro del propio Frente Amplio y en el sector sindical, que pretende revocarlo.

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt analizará el tema este martes 29.

Desde la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE) ya adelantaron que presentarán ante el Poder Ejecutivo un recurso revocatorio del decreto, recurso que desean que sea acompañado por toda la central sindicar con el objetivo de dejar sin efecto la norma o lograr que el gobierno modifique la decisión para no afectar la libertad sindical de protestar en la calle.

Hacer recapacitar al Ejecutivo

El dirigente de COFE, Joselo López detalló a El País que con esta acción buscan hacer recapacitar al Poder Ejecutivo y explicó que el documento se va a plantear «con argumentos políticos y jurídicos. Claramente esto es un decreto regresivo y represivo que atenta contra las libertades sindicales, pero también contra las libertades de la sociedad civil organizada».

En conversación con Montevideo Portal López respondió a la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, quien dijo que el decreto había sido pensado para los empresarios: “A veces a uno le cuesta entender como por parte de gente que siempre ha estado cercana al movimiento sindical o a la izquierda se digan cosas que rayan con el disparate. Los primeros dos detenidos por este decreto son trabajadores organizados por un sindicato” dijo, haciendo referencia a la detención de dos camioneros en Conchillas por manifestarse en la ruta el pasado jueves. En un principio el movimiento sindical se había mostrado conforme con el decreto que aclara que no busca atacar el derecho de huelga, pero la realidad y cómo se aplica despertó la preocupación de los sindicatos.

«Lejos de ser una acción contra el capital es contra quienes más se movilizan en este país y este particular contra la sociedad civil organizada, que muchas veces en un barrio hace un corte de ruta o un corte de una calle para protestar por diferentes situaciones que se están viviendo en esos barrios”, consideró López.

El dirigente explicó a El País que la gravedad de la norma los obliga a no quedarse solo en declaraciones públicas críticas y a presentar el recurso: «No alcanza con una declaración central sino que debemos hacer algo que permita que el Poder Ejecutivo recapacite y reaccione. Si no hacemos nada desde el punto de vista legal después vamos a estar lamentando las causas de este decreto que ya nos ocasionó dos compañeros presos».

La principal preocupación de los sindicalistas pasa por que cuando se produce un piquete la Policía es la que decide si está comprendido en el derecho de huelga o no. En caso de considerar que no lo está podrá aplicar el protocolo establecido en el decreto y desactivar la medida de protesta.