Un mal trago

Eduardo Ferreyra y Juan Carlos Fernández, dos de los cuatro albañiles que entre junio de 2001 y febrero de este año trabajaron en la construcción de los galpones ubicados en la calle Río Negro, manzana 61, solar 12, en El Pinar, donde funcionaba la planta embotelladora, denunciaron haber sido estafados por los propietarios de la firma.

El monto adeudado a cada uno de los albañiles es de 30.000 pesos, sin tener en cuenta la evasión de los aportes al Banco de Previsión Social.

Ferreyra, capataz de la obra, dijo a LA REPUBLICA que «era evidente» que los propietarios de la firma «prepararon el vaciamiento» de la empresa.

Luis Ferreira, quien trabajó en la producción y envasado de los refrescos, dijo que la jornada laboral se extendía a doce horas por un jornal de 150 pesos. «Jamás se nos pagó horas extras, ni los aportes correspondientes al BPS. Esta persona comenzó, de forma ilegal, produciendo y envasando refrescos en su casa, al menos durante tres años. Después construyó los galpones con un préstamo otorgado por el Banco República. Por lo menos, eso fue lo que nos dijo en varias oportunidades», manifestó Ferreira.

Los trabajadores presumen que el matrimonio dueño de la empresa habría abandonado el país a mediados de este mes.

«Hemos concurrido, convocados por el Ministerios, a tres audiencias y por parte de la empresa no apareció nadie. Creemos que los dueños se fueron a Estados Unidos y dejaron un tendal acá que incluye unos 98 mil pesos de deuda a UTE», manifestó el trabajador.

Irregularidades

La evasión de los aportes sociales y el no pago de los montos adeudados a los trabajadores no son las únicas irregularidades denunciadas. Según los testimonios recogidos por este matutino, la producción y envasado de los refrescos no reunía las mínimas condiciones de asepsia, requeridas por el Departamento de Bromatología de la Intendencia de Canelones. El hecho también fue denunciado en varias oportunidades en la Junta Local de San José de Carrasco.

El 5 de marzo de este año, Ferreyra presentó una denuncia por escrito al director de la División Urbanismo de la comuna canaria donde informó que el agua utilizada para la producción de los refrescos era extraída de un pozo ubicado dentro del predio.

Una semana después, con fecha 11 de marzo, Ferreyra realizó una nueva denuncia en Urbanismo, donde textualmente expresa que «desde que empezó a funcionar la embotelladora, en noviembre pasado, nunca se lavaron los envases vacíos. Aunque existe una lavadora de botellas, el dueño nunca la enciende porque alega que se pierde mucho tiempo en el lavado de botellas. En el frente del predio existe un pozo negro y para mantener su nivel, en la mitad del mismo, fue colocado un caño de desagüe que desagota en la calle. El agua que se utiliza para los refrescos se extrae de un pozo que está al costado del galpón».

«El agua utilizada para los refrescos era extraída de un pozo existente dentro del predio. Ni siquiera se utilizaba agua potable de OSE. También se embotellaba agua gasificada que tenía el mismo origen. Es decir que además de habernos estafados, pusieron en riesgo la salud de quienes consumían estos productos», afirmó Ferreyra. *