Los gremios públicos y privados intensifican medidas en rechazo de Rendición de Cuentas

La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSC); el Departamento de Industria del PIT-CNT; y COFE realizarán el jueves una detención parcial de 11 a 15. Estas organizaciones llaman a los trabajadores públicos a concentrase a las 12 en la Plaza Libertad para luego marchar al Palacio Legislativo. La movilización es en rechazo de la rendición de cuentas que ya presentó el gobierno en el Parlamento.

En la víspera, en tanto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resolvió reunir a la Mesa Representativa del PIT-CNT el próximo miércoles en el Salón Surraco del Hospital de Clínicas a fin de analizar la creciente situación de conflicto que se vive en el país. Además, se analizarán y definirán las próximas movilizaciones y acciones del movimiento sindical en su conjunto.

Esta resolución de convocar con carácter de grave y urgente a la Mesa Representativa fue adoptada ayer por la dirección cotidiana de la central ante el «agravamiento de la situación social y económica del país. Graficada en la realidad por la que atraviesan los trabajadores del ámbito público y privado; la salud; construcción; administración central; educación; frigorífico; entes; bebida; banca pública y privada. Así como el conjunto de los sectores vinculados a las industrias, la producción y los servicios, así como la sociedad en general».

Además, preocupa al PIT-CNT la actitud del Poder Ejecutivo y de la coalición de gobierno de ratificar una política económica y social de «espaldas a las necesidades de nuestro pueblo». Ante esta situación el ejecutivo de la central hace suya la resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República y convoca a la sociedad uruguaya a participar activamente en la movilización del miércoles, la cual es organizada por los gremios públicos y privados y a cuya plataforma se le incorpora la defensa del Hospital de Clínicas.

La central obrera, incluso, se encuentra impulsando en el seno de la Concertación para el Crecimiento la propuesta de realizar una Jornada Cívica Nacional en rechazo de la política económica que impulsa el gobierno de Jorge Batlle y que ha afectado a vastos sectores de la población.

Durante la reunión del miércoles se analizará la propuesta de pedirle una entrevista a las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). «Ya que de hecho, son quienes han asumido –de espaldas al pueblo oriental– la conducción política y económica del país».

Posición del PIT-CNT

En un reciente documento la central sindical sostiene que los contenidos de la rendición de cuentas apuntan a una reestructuración del Estado en los parámetros de la estrategia neoliberal. «Acelerando la política privatizadora y de entrega de áreas estratégicas de nuestra economía al capital transnacional, en desmedro de nuestra soberanía. Lo cual impactará sobre el conjunto de la sociedad, aumentando la exclusión social y la pauperización general de las condiciones de vida de nuestro pueblo».

Se agrega también que los ajustes fiscales de febrero y mayo del corriente, más el cambio de la política monetaria, han significado una nueva caída de los ingresos reales de nuestra población. Particularmente de los sectores de ingresos fijos, asalariados, jubilados y pensionistas. «Constriñendo aun más el mercado interno, provocando nuevos quiebres de pequeñas y medianas empresas y comercios. Se debe tener en cuenta, incluso, que el 85% de la producción nacional está orientada al mercado interno».

Subraya en este material el ejecutivo de la central obrera que «la defensa del salario y las condiciones de trabajo de los que aún lo tienen se ubica en el centro de las preocupaciones de nuestro movimiento. A lo que se le debe sumar la generación de empleo y la situación de los desocupados.

Todo lo que pone al desnudo las consecuencias sociales de esta política económica del gobierno de coalición. La profunda crisis financiera, que ha significado la pérdida de las dos terceras partes de nuestras reservas en los seis primeros meses del año y el incremento del 50% de nuestro endeudamiento externo, junto a la falta de medidas de reactivación productivas, no garantizan la superación de la crisis financiera y agudizan en extremo la crisis económica»; afirma la dirección cotidiana del PIT-CNT.

AEBU y la Rendición

El Consejo Central de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), por su parte, sostiene que esta Rendición de Cuentas desregula y precariza el empleo público. Hasta el presente el Estado era el garante del respeto a los derechos de los trabajadores consagrados por la OIT, pero ahora se pretende crear una categoría de «contratados públicos»  ya no empleados públicos  que gozarán de menores derechos que los trabajadores privados.

Denuncia el gremio bancario que por la vía de extender la prohibición del ingreso de funcionarios públicos hasta 2015 (artículo 33 del proyecto de Rendición de Cuentas) se crea una modalidad de contratación laboral que crea el funcionario ‘no público’, regido por regulaciones del derecho privado y con contratos no renovables en forma automática. Estos trabajadores no tendrán derecho a despido ni al seguro de desempleo (artículos. 40 y 42) hasta pasados los 24 meses de trabajo. Esta norma modifica la legislación vigente para los trabajadores privados, de manera que repercutirá a la baja sobre la calidad del trabajo en general de los uruguayos.

Para AEBU a partir de la nueva Rendición de Cuentas los contratados podrán ser destituidos ‘por razones de mejor servicio no imputables al contratado’ o ‘por desempeño insatisfactorio a juicio del superior. Estas causales de despidos hacen juego con la antes citada norma que priva de seguro de paro e indemnización por despido a quienes trabajaron durante dos años y no les fue renovado el contrato (artículos 40 al 42).

El artículo 50 del proyecto, en tanto, da vía libre para la adjudicación a los nuevos trabajadores contratados de salarios por debajo de los que perciben los efectivos, circunstancia que, unida a su inestabilidad en los cargos, conspira contra el involucramiento de los trabajadores con la empresa. ¿Cómo se reclutará esta nueva casta de trabajadores? Sin concurso de oposición, sino simplemente un análisis de «méritos y antecedentes», es decir a ojo de buen cubero o, más exactamente, «a dedo» (art. 39), dice la dirección de AEBU.

Explica el gremio bancario que otro capítulo de la precarización del trabajo de los funcionarios públicos es el de la declaración de excedentariedad. Hasta el presente, solamente cuando se eliminaba una repartición pública se declaraba excedentarios a sus funcionarios; ahora se agrega la causal de exceso de personal motivado por reestructuras, como es el caso de las proyectadas en el BHU (art. 58).

El proyecto prevé que los trabajadores declarados excedentarios cobrarán durante los primeros seis meses el 100% de su sueldo, descontados los beneficios específicos con que contaban en su trabajo (como en el caso de los cajeros, por ejemplo). Desde el séptimo mes en adelante pasarán a cobrar el 50% hasta que no sean redistribuidos (art. 70). Nuevamente se abre aquí un marco de injusticia dentro del cual aparece un amplio margen para el «clientelismo redistribuidor».

El artículo 63 del proyecto estipula que queda en manos de los superiores administrativos la suerte de los funcionarios a sus órdenes, dado que de sus calificaciones dependerá el pasaje de los mismos a la categoría de excedentarios. «Toda una arbitrariedad e inseguridad para el funcionariado público»; estima el documento de AEBU. *