Rendición de Cuentas: "Atentado contra el trabajo y las instituciones nacionales"

Para la dirección del gremio bancario hoy es «imperativa la unión de los uruguayos, más allá de clases sociales y concepciones filosóficas o estratégicas». Y agrega que «los tiempos para alcanzar nuestras coincidencias se abrevian, de manera que los trabajadores organizados deberemos hacer los máximos esfuerzos para, con el conjunto de la sociedad, detener este proyecto que atenta contra la integridad de nuestro Estado y la calidad del trabajo de los uruguayos».

Se indica en el material que nuevamente los trabajadores uruguayos se ven enfrentados a un ajuste económico, esta vez por obra de la Rendición de Cuentas enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo. Recuerdan también que en los anteriores casos de crisis, resueltos con ajustes, siempre hubo un sector al que fueron dirigidas las declaraciones políticas del gobierno. «Se señaló su supuesta holgura en relación con los demás y se lo indicó como la nueva víctima, elegida para el ‘justo esfuerzo’ a realizar en beneficio de la sociedad».

«Luego venían los proyectos de ley para ‘hacer justicia’ con esos privilegiados que se habían permitido el atrevimiento de marginarse  gracias a su lucha tesonera  de la crisis general. Este señalamiento de ‘responsables’ también se da ahora, pero se lo ha extendido al propio aparato del Estado y no afecta sólo a sus funcionarios», sostiene la dirección de AEBU.

A continuación se señala que como los trabajadores privados habían sufrido varios ajustes salariales a lo largo de los años, los tijeretazos ahora enfilaron hacia los públicos. Con el pretexto de «igualar» y no sacarle más a un sector que a otro. Como la precarización del empleo había cundido entre los trabajadores privados se debía poner «justicia» a la situación y llevar también precarización a los públicos. Y como la crisis, cada vez más agudizada, en lugar de llevar al gobierno por la senda de la reactivación económica lo conduce a hacer más frecuentes los ajustes, hubo que buscar una nueva víctima para los recortes: esta vez son organismos enteros del Estado los que se ven afectados».

Las víctimas ya no son solamente los empleados, con una quita de sus sueldos, sino también entes autónomos o incisos presupuestales íntegros que se ven abocados a la desaparición. AFE, Pluna y el Instituto Nacional de Colonización ya no sirven, se afirma; pertenecen a otro Uruguay que ya fue, se argumenta. Se impone así un proyecto de país que, con el pretexto del ahorro presupuestal, le quita al Estado las herramientas para el desarrollo futuro, afirma AEBU.

A lo largo de décadas sucesivas nos quedamos primero sin flota mercante nacional; perdimos luego –en una turbia licitación– la mayor parte de la aerolínea uruguaya a manos de Varig. Con esta rendición de cuentas vamos camino de quedarnos sin las acciones de Pluna que aún tenemos y también sin ferrocarriles.

Descubrimientos

El Consejo Central del gremio bancario señala que ahora se descubre que el Instituto Nacional de Colonización (INC)  permanentemente sometido a la miseria presupuestal y utilizado hasta el hartazgo para el clientelismo político  ya no sirve. Como es lógico, una herramienta durante décadas mal utilizada, y en un país que juega al achique, no puede rendir frutos. En lugar de reconocer el fracaso de su orientación política y el de los directores del INC se hipoteca el futuro del país y se lo priva de un elemento de desarrollo futuro».

Agrega AEBU que algo parecido sucede en esta Rendición de Cuentas con el Banco Hipotecario del Uruguay. Cuando el instrumento diseñado para resolver el acceso a la vivienda de los uruguayos se encuentra en difícil situación económica –como consecuencia de una ineficiente conducción política– en lugar de reorientarlo se prefiere también recurrir al achique. Más irracional todavía se presenta esta medida cuando, paralelamente, se anuncia la intención de reactivar la construcción mediante la eliminación de los aportes patronales en este sector. ¿Quién será el agente financiero de esta reactivación?

«Reforma»

Bajo el pretexto de la crisis regional y nacional y de la necesidad de poner a disposición los remedios que ésta necesita, el gobierno intenta producir una verdadera reforma del Estado. Es así que, por boca de representantes del Poder Ejecutivo, hemos podido saber que finalmente –luego de muchas promesas e intentos en esta materia– en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas se plasmará la verdadera visión de la Lista 15 sobre el Estado. Obviamente, en este país donde funciona desde hace más de 10 años una oficina de reforma del Estado no parece ser una Rendición de Cuentas el mecanismo más idóneo para procesarla, sino una ley autónoma en el marco de una discusión nacional al respecto, se sostiene en el documento.

Para la dirección sindical esta forma autoritaria de gobernar tiene múltiples muestras en la Rendición de Cuentas. Al IRP –un impuesto «provisorio» que ya cumplió 20 años y fue recientemente aumentado en sus tasas– ahora en la Rendición de Cuentas llanamente se intenta quitarle ese carácter transitorio que ha servido de coartada a muchos parlamentarios a la hora de votarlo. Pero el IRP no constituye solamente un sablazo para los trabajadores activos, sino que también afecta a los jubilados dado que, como sus jubilaciones se calculan sobre los salarios líquidos de los trabajadores en actividad, ellos también terminarán pagando indirectamente este impuesto.

Como consecuencia de esa medida, se afirma, los jubilados se quedarán sin el aumento a que son acreedores, mientras los precios de los productos de consumo diario crecen de manera continua.

«Degradación»

También señala AEBU que esta Rendición de Cuentas desregula y precariza el empleo público. Hasta el presente el Estado era el garante del respeto a los derechos de los trabajadores consagrados por la OIT, pero ahora se pretende crear una categoría de «contratados públicos» –ya no empleados públicos– que gozarán de menores derechos que los trabajadores privados.

Se denuncia incluso que por la vía de extender la prohibición del ingreso de funcionarios públicos hasta el 2015 (art. 33 del proyecto de Rendición de Cuentas) se crea una modalidad de contratación laboral que crea el funcionario «no público», regido por regulaciones del derecho privado y con contratos no renovables en forma automática. Estos trabajadores no tendrán derecho a despido ni al seguro de desempleo (artículos 40 y 42) hasta pasados los 24 meses de trabajo. Esta norma modifica la legislación vigente para los trabajadores privados, de manera que repercutirá a la baja sobre la calidad del trabajo en general de los uruguayos.

En el documento se sostiene que a partir de la nueva Rendición de Cuentas los contratados podrán ser sustituidos «por razones de mejor servicio no imputables al contratado» o «por desempeño insatisfactorio a juicio del superior. Estas causales de despidos hacen juego con la antes citada norma que priva de seguro de paro e indemnización por despido a quienes trabajaron durante dos años y no les fue renovado el contrato (artículos 40 al 42).

El artículo 50 de, proyecto, en tanto, da vía libre para la adjudicación a los nuevos trabajadores contratados de salarios por debajo de los que perciben los efectivos, circunstancia que, unida a su inestabilidad en los cargos, conspira contra el involucramiento de los trabajadores con la empresa. ¿Cómo se reclutará esta nueva casta de trabajadores? Sin concurso de oposición, sino simplemente un análisis de «méritos y antecedentes», es decir a ojo de buen cubero o, más exactamente, «a dedo» (art. 39), dice AEBU.

Se explica que o
tro capítulo de la precarización del trabajo de los funcionarios públicos es el de la declaración de excedentariedad. Hasta el presente, solamente cuando se eliminaba una repartición pública se declaraba excedentarios a sus funcionarios; ahora se agrega la causal de exceso de personal motivado por reestructuras, como es el caso de las proyectadas en el BHU (art. 58).

El proyecto prevé que los trabajadores declarados excedentarios cobrarán durante los primeros seis meses el 100% de sus sueldos, descontados los beneficios específicos con que contaban en su trabajo (como en el caso de los cajeros, por ejemplo). Desde el séptimo mes en adelante pasarán a cobrar el 50% hasta que no sean redistribuidos (art. 70). Nuevamente se abre aquí un marco de injusticia dentro del cual aparece un amplio margen para el clientelismo redistribuidor.

El artículo 63 del proyecto estipula que queda en manos de los superiores administrativos la suerte de los funcionarios a sus órdenes, dado que de sus calificaciones dependerá el pasaje de los mismos a la categoría de excedentarios. *