Paro en el MGAP se radicaliza y desde el fin de semana se afectarán exportaciones

El jueves los trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (Afgap) de la DGSA tomaron la drástica resolución de iniciar un paro de brazos caídos en rechazo a la aplicación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de los decretos del Poder Ejecutivo, por las «serias consecuencias que los mismos generan en los servicios que prestan», afirmó en la víspera Jacinto de la Cuerda, presidente de la Afgap. El personal que se encuentra en conflicto es el responsable de organizar y desarrollar la protección de la sanidad y calidad de los vegetales, así como de la calidad de los alimentos vegetales y de los insumos agrícolas.

Las medidas que hoy aplican los cerca de 290 funcionarios afectan las importaciones de, fundamentalmente, los fertilizantes de origen vegetal. En la víspera un grupo de sindicalistas, encabezados por de la Cuerda, realizaron gestiones ante el MGAP en procura de mantener una entrevista con el ministro Gonzalo González, cosa que no se pudo concretar. Mientras estas gestiones se tramitaban los funcionarios en asamblea resolvieron incrementar las medidas a partir del próximo viernes si no surge una propuesta de solución. De ponerse en marcha esta resolución se verán afectadas los controles necesarios que necesitan los productos a exportar y ello generará serios problemas.

Informó también el presidente de la Afgap que los inspectores de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), unos 32, debido a los recortes impulsados por el gobierno no llevan adelante los controles en los buques de pesca los sábados, domingos y feriados. En estos momentos se está tratando de averiguar si esos días la pesca es distribuida sin los estudios científicos. De ser así se llevarán adelante las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes.

Plataforma

La plataforma que impulsan los funcionarios tiene como primer punto el rechazo del «desmantelamiento de los servicios, lo cual afectará de forma negativa en los controles de la sanidad vegetal del país y el acceso a los mercados internacionales». También se cuestionan las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo, las cuales afectan de forma «dramática los ingresos de cientos de funcionarios de los servicios agrícolas».

Se reclama, además, el pago inmediato de los jornales adeudados y una respuesta «inmediata» de las autoridades ministeriales al petitorio de los trabajadores. Los funcionarios impulsan también la «defensa de la estabilidad laboral para el personal y los técnicos de los servicios; y de las funciones que garantizan la sanidad y calidad de los productos e insumos agrícolas y alimentarios, la salud de los consumidores y las posibilidades de acceso a los mercados». *